No habrá cambios respecto al año pasado y las principales localidades turísticas de Castellón ya asumen que en la próxima campaña estival deberán hacer frente a las necesidades de seguridad sin refuerzos. Y eso a pesar de dos años de reivindicaciones, e incluso de una modificación de la normativa autonómica, que en principio abría la puerta a disponer de agentes interinos, pero que en ningún caso permite contar con eventuales de temporada. Del mismo modo que hay empresas y servicios públicos que contratan personal por un periodo determinado en función de la demanda, destinos como Peñíscola o Benicàssim solían contar con incorporaciones para los meses en los que su población se multiplica de manera exponencial. Pero la nueva ley de coordinación autonómica vetó cualquier modalidad de interinos, sin que por el momento exista una alternativa. El alcalde de Peñíscola, Andrés Martínez, detalla que en su localidad han quitado la partida que incluían «cada año en el presupuesto para este fin». A cambio, deberán echar mano de la propia plantilla, que además de tener dificultades para pedir vacaciones en la época más calurosa, puede optar por acogerse a hacer horas extraordinarias.

La alcaldesa de Orpesa, María Jiménez, va en la misma dirección y explica que para esa época la cubrirán «con la misma plantilla» que tienen. Su homóloga de Benicàssim, Susana Marqués lamenta que la reciente reforma de la ley volviera «a dejar fuera el caso de aquellos municipios que cuentan hasta cinco veces más habitantes que en invierno», sin que tengan «una respuesta a estas necesidades», subraya.

MOTIVOS / El director general de la Agencia de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, José María Ángel, respondió recientemente que para estos casos debería habilitarse algún tipo de mecanismo jurídico, pero que excede de las competencias autonómicas.

En cuanto a las críticas por una normativa que parece haber creado más problemas que soluciones, recordó que una sentencia del Tribunal Supremo «obligó a suprimir a los interinos en las policías locales, mientras que ahora, por otra resolución del Constitucional, sí que se permiten, pero en casos excepcionales». Básicamente, que los consistorios pueden contar con ellos, pero siempre que convoquen plazas definitivas antes de dos años.

Por otro lado, desde el Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos de Castellón, Cirilo Sanchís, señala el «grave problema de eventualidad que había en buena parte de las plantillas», que tras dos años de aplicación de la ley logró aliviarse. Calcula que cerca del 25% de puestos pendientes de regularización ya están solucionados, y con procesos de oposiciones en marcha.