La Diputación de Castellón y doce municipios de la provincia han aprobado mociones en defensa del derecho civil valenciano. El Tribunal Constitucional (TC) ha dado esta semana un nuevo varapalo al derecho estatutario de la Comunitat al anular parte de la ley valenciana de uniones de hecho. Esta sentencia se suma a la que, a principios de junio, dejó sin efecto el régimen económico matrimonial valenciano. Ahora queda pendiente que se posicione en torno a la ley de custodia compartida, que afectaría a más de 500 parejas de Castellón.

La Associació de Juristes Valencians (AJV) impulsó, hace casi un año, una campaña en la que se buscaba la adhesión de los ayuntamientos para que la propia sociedad solicitara la retirada de los recursos. En la Comunitat, más de 90 ayuntamientos y las 3 diputaciones se han adherido. También lo hizo la facultad de Derecho de la UJI y el CULC. La Diputación de Castellón lo hizo esta semana, con los votos a favor de todos los partidos, salvo Ciudadanos. La AJV espera que esto sea un espaldarazo y más municipios de la provincia se sumen.

“Este tipo de sentencias va contra el Estatut, aprobado por mayoría absoluta en Corts”, explica José Ramón Chirivella, presidente de la AJV, quien señala que “tras la reforma del Estatut del 2006 ha habido un desarrollo del derecho civil valenciano muy moderno y conforme al avance de la sociedad”. Así, Chirivella explica que “ha habido desarrollos que responden a las necesidades de los valencianos”. Defiende la ley de régimen económico matrimonial valenciano, ahora anulada, que durante el periodo en vigor (del 1 de julio del 2008 al 30 de mayo de 2016) ha permitido que más de 250.000 valencianos se casaran en régimen de separación de bienes, opción más económica y acorde a la realidad social que la ahora impuesta por el Constitucional, que supone que desde el 1 de junio los valencianos que contraigan matrimonio lo hagan --salvo que firmen capitulaciones en contrario-- en régimen de gananciales. La norma afectará cada año a unos 2.000 matrimonios de la provincia.

La última sentencia afectará a 2.500 uniones de hecho de la provincia e impedirá, por ejemplo, que en caso de fallecimiento el cónyuge pueda usar la vivienda del fallecido durante un año, y pierdan el derecho hereditario y de cuidado de familiares.

ESTATUT // “Estas dos sentencias han venido a cercenar lo que dice el Estatut, que considera el derecho civil valenciano una seña de identidad y obliga a los poderes públicos a desarrollarlo conforme a la realidad social actual y los valores constitucionales. Además, genera una desigualdad respecto a otras autonomías que sí han podido desarrollarlo, como País Vasco, Navarra, Aragón, Cataluña, Baleares o Galicia”.

Desde la AJV apelan a que todas las poblaciones y poderes públicos apoyen la reforma de la Constitución para no ser menos que el 40% de los españoles que tienen derecho civil propio. El Consell ya se ha posicionado a favor de dicha reforma constitucional y ha recordado el acto solemne que hará el 29 de junio en el que se reivindicará la competencia de la Comunitat para recuperar y aplicar el derecho civil propio. H