La Diputación de Castellón amplía en su trabajo social la respuesta a situaciones como los desahucios, la pobreza energética o los casos mortales de violencia de género. La diputada de Acción Social, Elena Vicente-Ruiz, señala que las cuentas del 2016 del ente provincial priorizan la prestación de servicios a las familias castellonenses que peor lo están pasando en los 135 municipios de la provincia. Entre las acciones, la Diputación ha renovado por tercer año el convenio suscrito con el Colegio de Abogados de Castellón, en colaboración con los ayuntamientos de Castellón, Vila-real, Burriana, Vinaròs, Benicarló y, por primera vez, también Onda, para dar respaldo jurídico a todos los ciudadanos de la provincia ante una situación de desahucio.
Además, incluye una partida de 100.000 euros para combatir la pobreza energética ayudando especialmente a las familias con menos recursos del interior a pagar sus facturas de luz y gas en los momentos más complicados del año.
Además, la Diputación y el Colegio de Psicólogos de la Comunitat garantizan la asistencia de los hijos de las mujeres víctimas de violencia de género con la creación del Servicio de Urgencias Psicológicas. H
