El pleno de la Diputación de Castellón ha aprobado este martes una operación financiera por importe de 7,5 millones de euros, cuya principal finalidad es la inclusión del Fondo de Cooperación Municipal en el presupuesto de 2020, una nueva línea de ayudas que aumentará de forma notable los recursos que la corporación provincial otorga directamente a los ayuntamientos. La medida permite utilizar una parte de los 31,7 millones de remanentes líquidos de tesorería de los que dispone la institución para formalizar un depósito financiero a corto plazo. Se trata de un paso que según ha explicado el diputado de Hacienda, Santiago Agustí, “en caso de no haberlo realizado, no sería posible utilizar los fondos del remanente por las fuertes restricciones que imponen las leyes aprobadas durante el mandato del presidente Rajoy”.
El depósito se utilizará principalmente para activar el Fondo de Cooperación Municipal, aportando al mismo para los ayuntamientos de la provincia de Castellón 5,6 millones de euros, una cifra idéntica a la que aporta la Generalitat Valenciana. De esta forma, la cantidad que llegará a los municipios castellonenses será de 11,2 millones de euros. Es importante destacar que se trata de una iniciativa que en 2019 ya secundó la Diputación de Valencia y que el próximo ejercicio tendrá rango de ley, para garantizar que el reparto de estos fondos se realice siguiendo criterios de objetividad e imparcialidad.
Plan de Igualdad
Otro de los puntos aprobados en el pleno, en este caso por unanimidad, ha sido el dictamen sobre la propuesta de apoyo e impulso al Plan de Igualdad de Oportunidades de la Diputación, cuya aprobación definitiva está previsto que se produzca a lo largo de 2020.
Durante su intervención, la vicepresidenta, Patricia Puerta, tras agradecer “el apoyo de los grupos políticos representados en la institución y su compromiso para remar en al misma dirección, con el objetivo de elaborar un plan consensuado y participado”, ha pasado a detallar los pasos del proceso de elaboración.
Ha comenzado recordando que desde 2007 la legislación vigente recoge la obligatoriedad de que exista un plan de estas características en todas las empresas con más de 250 trabajadoras y trabajadores y en las administraciones públicas, razón por la que el actual equipo de gobierno, al constar su inexistencia, se ha puesto a trabajar desde el Área de Igualdad, recientemente creado, para que la institución pueda contar cuanto antes con un Plan de Igualdad.
Puerta ha explicado que su elaboración consta de dos fases: la realización de un diagnóstico de situación y la redacción. Para obtener el diagnóstico es preceptiva la creación de una comisión de igualdad, cuyos integrantes deben recibir formación básica en materia de igualdad entre mujeres y hombres. La comisión ya se ha creado y de ella forman parte los grupos políticos representados en la Diputación, los trabajadores de la casa y los sindicatos, quienes ya han recibido la pertinente formación. El diagnóstico estará finalizado antes de que finalice el año 2019.
En la segunda fase, la de la redacción del Plan, será la comisión negociadora la que establecerá la metodología de redacción, así como su estructura y ejes, de acuerdo con lo que regula la ley. Se especificará el ámbito de aplicación, la vigencia, el marco legal, la metodología, los objetivos y las acciones a realizar, numeradas y priorizadas. También se designarán responsables e indicadores de seguimiento.
Alto consenso
En otro orden de cosas, cabe destacar que antes de la finalización del pleno ha tomado la palabra José Martí, quien ha manifestado que “me congratulo como presidente de poder felicitar a todos los grupos políticos representados en el pleno por el alto grado de acuerdo al que se está llegando en las sesiones plenarias como la de hoy, en la que se han aprobado por unanimidad diversas mociones y tres declaraciones institucionales sobre el día internacional para la eliminación de la violencia sobre las mujeres, la adopción de medidas a favor del sector citrícola y el rechazo a los disturbios en Catalunya”. Ha añadido que esta actitud “traslada a la ciudadanía que la política, que necesariamente tiene cierto grado de confrontación, no es única y exclusivamente confrontación; al contrario, la política tiene que ser desde la divergencia y desde la discrepancia, el punto de acuerdo para solventar los problemas de la ciudadanía, para mejorar la vida de la gente”.
