La Diputación de Castellón ha dado luz verde este martes en la sesión plenaria ordinaria del mes de enero a las bases del plan provincial de obras y servicios, conocido como Plan 135 Plan 135con un cambio en la regulación con el fin de dotar de mayor autonomía a los consistorios en el uso de los fondos otorgados al suprimir los límites de gasto por conceptos.

La estrategia contará con una dotación de 12,4 millones de euros e incluirá la posibilidad de utilizar los remanentes que resulten de las licitaciones por parte de los ayuntamientos para otras actuaciones dentro del plan, así como el avance de hasta el 75% de los fondos en determinados casos o la discriminación positiva para las localidades menos pobladas.

La medida ha salido adelante con el apoyo unánime de todos los partidos de la corporación provincial. También ha habido acuerdo para la petición de ayudas por los efectos de la borrasca Filomenaen los municipios y los daños provocados, con la petición de "celeridad" por algunos grupos al ejecutivo provincial.

Sin embargo, el consenso dejó paso al enfrentamiento entre el equipo de gobierno, de PSPV y Compromís, y la oposición, con Partido Popular y Ciudadanos, a raíz de una serie de tres mociones relacionadas con la gestión de la pandemia o asuntos sanitarios y que finalmente quedaron todas sobre la mesa, al imponerse la mayoría de socialistas y Compromís.

La implantación de enfermeras escolares en todos los centros educativos de Castellón, cuestión ya tratada en el palacio provincial el pasado mes de septiembre, provocó la primera bronca. Mientras, PP y Cs insistieron en incorporar estos profesionales a la plantilla de colegios e institutos ante su "Importancia para la salud", según la popular Susana Marqués; la diputada socialista Xaro Miralles tildó de "imposible" la propuesta ante el escenario actual de crisis sanitaria y Pau Ferrando, de Compromís, recordó que "ahora mismo necesitamos todos los recursos para afrontar la pandemia".

Ahora bien, los recursos para la Atención Primaria elevaron el tono todavía más, calificando la moción como "propagandística" o "oportunista" desde el equipo de gobierno provincial al no tener competencias en materia sanitaria la institución y justificándola la oposición en las listas de espera y retrasos en la atención.

La petición de un plan efectivo de vacunación por Ciudadanos, que tampoco prosperó, cerró la controversia del pleno, pidiendo unos más claridad en la administación de vacunas y recordando los otros la falta de dosis para acelerar el ritmo en la inmunización.

Y es que, el presidente de la Diputación, José Martí, en clara alusión al clima tenso de la sesión hizo una llamada al final de la sesión a la "reflexión sobre el carácter y el tipo de las mociones que presentamos, ya que hay que recordar cuáles son nuestras competencias y que somos administración local".

No obstante, el habitual consenso sí que regresó para reclamar al Gobierno de España y la Generalitat Valenciana medidas para paliar la subida en el precio de la luz a las familias, saliendo adelante una moción en este sentido de nuevo por unanimidad.