El Pleno de la Diputación de Castellón ha aprobado este martes una medida para instar a la Generalitat a que invierta conjuntamente con el Gobierno Provincial en los Planes de Obras y Servicios (POYS) para mejorar los servicios que reciben los municipios castellonenses. De esta forma se duplicaría la inversión directa que reciben los ayuntamientos para mejorar la calidad de vida de sus vecinos, que este año estaba presupuestada en 7,8 millones de euros financiados íntegramente con recursos provinciales y que el año que viene será superior.
Para ello, desde el Gobierno Provincial se instará a la administración autonómica a que emplee el Fondo Autonómico de Cooperación Municipal para cumplir con la suficiencia financiera que le exige la ley y “se sufrague conjuntamente el esfuerzo que realiza la Diputación por la provincia, sus municipios y los castellonenses y se amplíe así un programa del que se benefician la totalidad de los municipios de la provincia”.
En este sentido, el presidente del Gobierno Provincial ha destacado que la petición responde al objetivo de la institución provincial “de redoblar su inversión en el territorio para dar respuesta a las peticiones de los ayuntamientos y a las necesidades trasladadas. Los POYS reflejan una ambiciosa línea de trabajo marcada por la Diputación a la hora de dar una respuesta útil al servicio de todos los municipios de la provincia”.
En la misma línea, durante la sesión plenaria, el diputado de Hacienda, Salvador Aguilella, ha lamentado “los reiterados anuncios realizados por la Generalitat ya que mientras hace un mes hablaban de una inversión superior a los 80 millones de euros en la Comunitat, hoy vamos ya por 30 y solo 4,5 millones de ellos para la provincia”. Aguilella ha insistido en que la ley deja claro que este dinero de la Generalitat debería ser también para la Diputación, “pero no lo queremos para nosotros, sino que vaya a los municipios. Por eso le pedimos a Puig que invierta en los POYS de la provincia lo mismo que invierte Moliner”.
Cooperación institucional
En la misma línea de cooperación solicitada a la Generalitat, Moliner ha aprovechado la moción para anunciar que dentro de su política de aperturismo y consenso, la corporación provincial consensuará con todos los grupos políticos que el objeto de los fondos, no solo contemple obras, sino también servicios municipales.
Y es que la moción incluye la novedad introducida por Javier Moliner de que los ayuntamientos de la provincia puedan solicitar, además de inversión para hacer las obras, ayuda para prestar servicios a sus vecinos, algo que está en el germen de los POYS, que inicialmente se pusieron en marcha con apoyo de otras instituciones y que, en estos momentos, solo cuentan con inversión de la Diputación de Castellón.
Consenso institucional para liberar temporalmente un tramo de la AP-7
Durante el pleno de la Diputación de Castellón ha mostrado hoy el consenso unánime de todos los grupos representados al aprobar una declaración institucional mediante la que solicita al Ministerio de Fomento la necesidad de liberalizar la AP-7 en el tramo entre los peajes de Sagunto y Castellón Sur durante el periodo que se prolonguen las obras de mejora del pavimento.
La declaración llega el día después de que el presidente del Gobierno Provincial se reuniera con el delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Moragues, para arrancarle el compromiso de acortar los plazos de ejecución de los trabajos al mismo tiempo que se estudian fórmulas adicionales para paliar las molestias. “Somos sabedores que estas obras, aunque necesarias y muy esperadas, generan problemas al tráfico rodado por ese tramo y queremos que estas se minimicen”, ha reafirmado el presidente de la institución provincial, Javier Moliner.
Contra un modelo lingüístico discriminatorio
De igual modo, en el Pleno se ha aprobado con el voto favorable del Grupo Popular y Ciudadanos instar al Consell a “dejar a un lado la clara discriminación educativa que está proponiendo” con la propuesta de modificación del modelo lingüístico. En este sentido, el vicepresidente primero de la Diputación, Vicent Sales, ha ratificado que “es de sentido común que la normativa lingüística respete la libertad educativa de los escolares y sus familias y no menoscabe a los estudiantes por motivo de elección de lengua".
Cabe destacar que el cambio de modelo lingüístico aprobado por la Conselleria de Educación el asado 20 de septiembre produce una grave discriminación para los padres que elijan el castellano como lengua vehicular en la formación de sus hijos ya que “solo aquellos que opten por el valenciano podrán obtener la titulación en inglés imponiendo así una línea educativa y arrinconando el castellano en las aulas”.
