La Diputación de Castellón aprobó ayer por unanimidad de todos los grupos la propuesta popular de exigir al Gobierno de España que complete la A-7 hasta Tarragona. Lo hizo en un primer pleno del año en el que se dio cuerpo al anuncio del presidente de la institución, Javier Moliner, de poner en marcha un plan integral para la lucha contra los mosquitos dotado con un millón de euros a través del visto bueno a una modificación de crédito que solo contó con el apoyo explícito del PP, ya que el resto de los partidos, PSPV, Compromís, Ciudadanos (Cs) y Castelló en Moviment (CSeM) se abstuvieron.

En cuanto al primer asunto, sin un euro en los presupuestos presentados por el Gobierno, el texto aprobado insta al Ejecutivo de Pedro Sánchez a llevar a cabo de forma «inmediata» la tramitación y desarrollo de la autovía por el interior, que ya estaba incluido en el plan extraordinario de inversión en carreteras iniciado por el anterior Ejecutivo.

dinero contra la plaga // Sobre la lucha contra los mosquitos, que tantos problemas viene causando en la provincia, el resultado del pleno ordinario de enero implica que la Diputación de Castellón ha puesto en marcha el plan de tratamiento con una inversión exacta de 1.050.000 euros.

Frente a críticas de la oposición por la retirada de fondos para carreteras para destinarlos a este fin, el presidente de la Diputación especificó que no se resta dinero para infraestructuras, sino que la renovación del contrato de mantenimiento, con una baja destacada, ha permitido liberar los recursos, que se reutilizan.

Moliner aseveró que «se ha demostrado claramente que, de no haber una actuación conjunta supramunicipal y con capacidad contundente, el problema de los mosquitos será muy difícil de solucionar». Añadió que la Generalitat ha trasladado que no podría abordar este contrato, por lo que la Diputación ha comunicado que su «situación económica solvente» sí se lo permite, por lo que se pone en marcha la actuación «contundente» y amplia.

Un tema que originó debate y la intervención del presidente provincial fue el de la lacra de la despoblación. En este punto, Moliner situó la institución como «la más rural de su historia», puso en valor que ha abanderado la reivindicación de tomar medidas contra la pérdida de población, asunto que ha puesto «en la agenda» de las administraciones, y rechazó la necesidad de crear una comisión específica para tratar el problema, porque ya es un objetivo transversal y prioritario en todas las comisiones. La propuesta de Compromís de crear esa comisión y hacer un mapa de la despoblación se rechazó con los votos del PP, la abstención de Cs y el sí también de PSPV y CSeM.