Todos los castellonenses que se encuentren amenazados por una situación de desahucio podrán contar con asistencia jurídica en el proceso a partir del convenio firmado ayer por la Diputación de Castellón, el Colegio de Abogados y los alcaldes de la capital, Vila-real, Benicarló, Vinaròs, Burriana y Onda, informaron desde la institución provincial.
En cada municipio se habilitará una oficina específica para mediar en las reclamaciones hipotecarias contra la vivienda habitual que, en el caso de Castellón, Vila-real y Burriana dedicarán al menos un día cada semana dedicado a atender a los vecinos empadronados en poblaciones distintas de las incluidas en el convenio, en virtud de la aportación de 12.000 euros realizada por la Diputación para «garantizar la universalización del acceso a este servicio a todos los castellonenses», indicó el presidente de la institución, Javier Moliner.
Moliner puso en valor el acuerdo alcanzado con seis de los ocho municipios con más de 20.000 habitantes de la provincia, con la excepción de Almassora que, según indicaron desde la Diputación, ha declinado sumarse al convenio, así como la Vall d’Uixó, que tiene mecanismos propios, con la finalidad de «salvaguardar el que tiene que ser siempre un derecho fundamental para todos los vecinos como es el del acceso a una vivienda», puntualizó.
cifras aún elevadas // A la hora de explicar las razones que han llevado a la puesta en marcha de esta iniciativa, el presidente de la Diputación hizo hincapié en que «en la provincia todavía se producen tres desahucios al día, 940 durante los nueve primeros meses del año, y es una realidad inadmisible que amenaza la integridad y el día a día de demasiadas familias castellonenses».
Datos como los facilitados esta semana por el Consejo General del Poder Judicial, de los que dio cuenta este diario, refuerzan el proyecto de la administración provincial para habilitar medidas que «permitirán crear en las casas consistoriales de los seis municipios que han suscrito el acuerdo el servicio de asesoramiento jurídico en los casos en los que haya deudas de préstamos hipotecarios que no puedan ser afrontadas por ciudadanos que no cuenten con recursos económicos suficientes», señalaron desde la institución. De modo que ejerzan como mediadores entre los acreedores y las entidades financieras que reclaman pagos que no pueden atender.
garantías // «Estas oficinas acercarán a aquellos vecinos de la provincia que se vean amenazados por un proceso de lanzamiento hipotecario las herramientas jurídicas necesarias para afrontarlo con garantías», puso de manifiesto Javier Moliner.
