El primer pleno del año de la Diputación sirvió ayer para dar luz verde por unanimidad y de forma definitiva a una inyección de 18 millones de euros para los municipios castellonenses, 12,4 del Plan 135, cuyas bases se aprobaron definitivamente, y 5,6 de la aportación de la institución --por primera vez con partida específica-- al Fondo de Cooperación de la Generalitat valenciana.
En el caso del Plan 135, entre las principales novedades se cuenta la discriminación positiva para los municipios más pequeños del interior que, además, están en riesgo de despoblación. El diputado de Cooperación y Concertación, Ximo Huguet, recordó que para liberar recursos con los que cumplir este objetivo se han reducido las ayudas que se conceden a los de mayor tamaño.
Sobre la incorporación provincial al fondo autonómico, Huguet anunció que en la comisión bilateral Diputación-Generalitat abogarán por «la futura aplicación de criterios de discriminación positiva que beneficien a los pequeños pueblos», una sugerencia que hizo el portavoz del PP, Vicent Sales durante el pleno.
La sesión, en la que el temporal que recorre la provincia estuvo muy presente, volvió a tener el consenso como protagonista en la mayor parte de las votaciones. En clave de gestión propia de la Diputación, la excepción fue la ratificación de que el equipo de gobierno asuma el 90% del coste de los equipos base de servicios sociales municipales de los pequeños ayuntamientos.
Los populares votaron en contra y culparon al equipo de gobierno de excluir a alcaldías del PP de la financiación al no llegar este año nada más que a los pueblos con menos de 6.000 habitantes. En este punto, la vicepresidenta, Patricia Puerta, dijo que la aplicación del nuevo proceso es progresiva y que en el 2021 se ampliará la cobertura y la Diputación asumirá el 90% de estos costes en los ayuntamientos de menos de 10.000 habitantes.
madrid, protagonista // La mayor intensidad del debate se produjo, en todo caso, sobre cuestiones alejadas de las competencias de la Diputación, con especial protagonismo para el nuevo pacto de Gobierno de España, que preside Pedro Sánchez, y la crisis abierta por el soberanismo en Cataluña.
El PP votó con PSPV y Compromís una moción conjunta en contra de la corrupción en la política, mientras que Ciudadanos quedó aislado con una propuesta sobre el mismo tema, que fue rechazada por socialistas y nacionalistas. Las mismas fuerzas votaron también en contra de sendas mociones de la formación naranja y del PP en las que pedían instar al Gobierno de Sánchez a no pactar con independentistas.
