El diputado delegado del ciclo integral del agua, Juan Bautista Juan, denunció ayer que la Generalitat «bloquea» la ejecución de infraestructuras de saneamiento y depuración en los municipios de menos de 5.000 habitantes, y también la depuradora de Borriol. Según explicó Juan, a finales del 2016 se adquirió un compromiso entre la Diputación y la Generalitat para cofinanciar este tipo de obras en los municipios pequeños, «pero el Consell todavía no ha firmado», manifestó. Por ello, el diputado lamentó «la falta de interés mostrada por la administración autonómica».

Este acuerdo contempla una aportación total, hasta 2020, superior a los 10,66 millones de euros para dar solución a necesidades detectadas desde 2015. En base al mismo documento, la Generalitat debería aportar 8,8 millones; y el gobierno provincial, los otros 1,84 millones. «Que la Generalitat no haya estampado su firma significa que todas las actuaciones ya programadas sufren un riesgo importante de parálisis», insistió ayer Juan.

EL CASO DE BORRIOL // Respecto a Borriol, explicó Juan, «sin la firma del convenio y sin el consiguiente marco de acuerdo, es imposible licitar una obra de tanta envergadura como es el colector de Borriol, que ha tenido una tramitación tan costosa al afectar a dos municipios, ya que llevará el agua residual de Borriol a la depuradora de Castellón».

La Diputación fue la encargada de financiar y redactar en 2015 el proyecto del colector para su posterior aprobación a principios del 2016 para que los ayuntamientos cumplieran con el periodo de exposición pública. «Para agilizar al máximo la actuación a la espera que la Generalitat dé luz verde al acuerdo marco, desde el gobierno provincial se ha solicitado ya la encomienda de gestión para licitar cuanto antes una obra que tiene un presupuesto por encima de los 2,6 millones de euros».

Una obra, por otra parte, envuelta de polémica, que terminó con una sentencia del Tribunal Supremo que condena a 8 meses de prisión y multa de 12.600 euros al exvicepresidente primero de la Diputación de Castellón, Francisco Martínez, porque, según el tribunal, conocía los terrenos sobre los que iba la depuradora y se benefició de ello.