Diputación garantiza los empleos de la piscina pese al pulso de Aiguagest

La alegación de la firma que ha explotado la Piscina Provincial, Aiguagest SL, a la rescisión del contrato que tenía previsto aprobar ayer la Diputación en el pleno extraordinario después de que aquella haya cerrado las instalaciones complica el rescate, aún más, al obligar a que sea el Consell Jurídic Consultiu -que media entre administración y empresa- el que resuelva la contratación.

Mientras, y con el objetivo de avanzar en una solución para la piscina, la Diputación tiene previsto aprobar hoy el pliego de condiciones para la adjudicación temporal de la gestión público-privada que permita reabrirla a principios de septiembre. Un pliego condicionado a la resolución del Consell Jurídic Consultiu que garantiza la continuidad de los trabajadores de la piscina, al incluir la subrogación de los 36 puestos -que se mantendría también en el pliego definitivo para explotar la piscina a partir de enero del próximo 2018-.

VÍA PENAL

La compleja situación podría llegar al juzgado, ya que según el presidente, Javier Moliner, los servicios jurídicos de la administración estudian abrir la vía penal. «Por la manifiesta voluntad de la empresa de atacar y vulnerar los derechos de los usuarios, trabajadores y propietarios de la instalación», apuntó.

La alegación presentada este mismo miércoles por Aiguagest a la rescisión del contrato de explotación obligó a modificar el contenido del pleno extraordinario convocado expresamente para ello. En la sesión, se aprobó -con los votos a favor del PP, Ciudadanos y Compromís; en contra de Castelló en Moviment; y la abstención del PSPV- la proposición de resolución definitiva del contrato, que será remitida al Consell Jurídic Consultiu, que se reunirá la próxima semana de forma extraordinaria para pronunciarse al respecto, según pronosticó el presidente de la Diputación.

Con los mismos votos, salió adelante una modificación de crédito de 369.000 euros; 118.000 de los cuales se destinarían al mantenimiento de la instalación hasta final de año; hasta que entre la adjudicataria definitiva.

El socialista Toni Lorenzo, que ejerció de portavoz ante la ausencia de Benlloch, justificó la abstención asegurando que «los problemas ya vienen desde el 2009, cuando Aiguagest deja de pagar los impuestos de basuras e IBI, cuya deuda asciende a 400.000 euros, a pesar de haberse invertido en el 2008 1,2 millones para mejorar las instalaciones». «Se adjudicó en época de pasiones faraónicas y ahora lo estamos pagando», aseguró, e instó a Moliner a que «busque el interés público y se deje ayudar por otras instituciones como el Ayuntamiento». En este punto, Moliner dijo que ya había hablado con la alcaldesa, Amparo Marco, sobre el futuro de la instalación.

Desde Compromís, Xavier Trenco, respaldó al PP «porque llegados a esta situación, es la única salida», pero reiteró su desacuerdo «con la gestión». El portavoz de CSeM, Iñaki Vallejo, propuso «una entidad de trabajo asociado de la actual plantilla mientras se diseña una fórmula de gestión pública»; y Cristina Fernández, de Ciudadanos, pidió «celeridad y transparencia para reabrir».

PRECIOS

En la sesión, PP y Cs aprobaron los precios públicos de la piscina, con un bono anual de 600 euros -el mismo que ahora-, que rechazó el PSPV y se abstuvieron Compromís y CSeM.

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