Desde hace doce años, las empresas con una plantilla superior a 250 personas tienen la obligación de poner en marcha un plan de igualdad, pero la Diputación de Castellón, hasta la fecha, lo ha obviado. Ahora, y tras el cambio de gobierno en la institución provincial después de las elecciones municipales del mes de mayo, este será uno de los objetivos del actual mandato, con el compromiso que ha mostrado la vicepresidenta, Patricia Puerta, con la igualdad de oportunidades y de trato entre hombres y mujeres.

El reto es claro y, según ha podido saber Mediterráneo, tiene marcada ya una hoja de ruta: llevar al pleno de noviembre una propuesta de acuerdo para impulsar el plan de igualdad de oportunidades de la plantilla de la Diputación y comenzar a trabajar en su desarrollo en 2020, año en el que ya se destinará una partida económica que está definiendo el equipo de gobierno.

Los trabajos previos ya se iniciaron en verano, cuando se dieron los primeros pasos para conseguir que la nueva Diputación que preside José Martí diseñe un camino claro para visibilizar el trabajo de las empleadas del sector público y acabar, de forma paralela, con el lenguaje sexista en la Administración pública.

PRIMERA REUNIÓN EN VERANO // Patricia Puerta, vicepresidenta de la Diputación, se reunió en agosto con representantes de la Asociación Nacional de Mujeres en el Sector Público, encuentro que se celebró en el Palacio Provincial y que contó con María Pilar Batet, jefa del área de Contratación de la Diputación, y Ana Portal, del área de Promoción Económica en el Cedes de Vall d’Alba.

Además, hace un par de meses la Diputación provincial ya anunció un compromiso con la Asociación Nacional de Mujeres en el Sector Público para abrir una línea de colaboración que dé visibilidad al talento y al trabajo de las empleadas de la institución, sobre todo tras constatar que los diferentes equipo de gobierno de los últimos 12 años, todos en manos del PP, han dejado de lado el tema. Y todo ello pese a que desde la aplicación de la ley/2007 del 12 de abril del estatuto básico del empleado público era obligatorio, para las empresas de más de 250 personas, poner en marcha un plan de igualdad.