El equipo de gobierno de la Diputación de Castellón elaboró una moción conjunta que tienen previsto aprobar en el próximo pleno de la institución, con el fin de reclamar al Estado suficiencia económica y autonomía presupuestaria para los ayuntamientos, según anunciaron en un comunicado.

Una proposición que surge en el contexto del acuerdo mediante Real Decreto anunciado por el Gobierno y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para contribuir a la recuperación socioeconómica tras los efectos causados por la pandemia, por el que decretaron la movilización de 5.000 millones para que los consistorios puedan aumentar su capacidad de gasto sin incurrir en el déficit y, por tanto, cumpliendo las prerrogativas legales para que puedan «mejorar la atención a personas mayores o dependientes, construir escuelas o aumentar la oferta de viviendas de alquiler».

En este sentido, los grupos PSPV y Compromís en la Diputación anunciaron la propuesta que llevarán al próximo pleno en la que instan al Ejecutivo a derogar la Ley de Estabilidad Presupuestaria del 2012 para «cambiarla por otra menos hostil», al tiempo que reclaman que se permita a los municipios disponer de los superávits acumulados en el 2019 para hacer frente a la crisis actual.

Un esfuerzo mayor

Para el equipo de gobierno, pese a que el acuerdo con la FEMP «contempla aspectos positivos», se necesita realizar «un esfuerzo mayor y de consenso para llegar a una solución que satisfaga los intereses y necesidades de los ayuntamientos», manifestaron tanto el portavoz del grupo socialista en Castellón, Santi Pérez, como el portavoz de Compromís, Ignasi Garcia.

Por su parte, Pérez insistió durante la sesión de este martes en la importancia de que el dinero del los ayuntamientos «se destine a cubrir las necesidades más cercanas inherentes a los vecinos de la provincia», mientras que Garcia añadió que la formulación actual del Real Decreto podría suponer «un riesgo para la liquidez local» y por ello instan al Congreso a «legislar para que los municipios puedan disponer de todos sus recursos y sin generar un agravio comparativo que discrimine aquellas poblaciones que no han podido obtener remanentes».

Una propuesta a la que el PP presentó una moción que fue rechazada por el gobierno socialista de la Diputación y que levantó críticas entre el partido de la oposición.