La Diputación de Castellón toma el mando de la Piscina Provincial y asume su gestión de forma temporal con la idea de reabrirla a principio del mes de septiembre, tras el cierre de la instalación desde ayer por parte de la empresa concesionaria, Aiguagest SL. El objetivo es que la institución provincial se haga cargo del mantenimiento durante este mes de agosto y adjudique la gestión de personal y de actividades de forma provisional hasta final de año mientras elabora un nuevo pliego de condiciones a más largo plazo cuya concesionaria podría empezar a trabajar en enero.
El vicepresidente primero, Vicent Sales, y el diputado de Deportes, Luis Martínez, explicaron escasas dos horas después de hacerse efectivo el cierre que el gobierno provincial --propietario de la instalación-- ha convocado un pleno extraordinario para mañana jueves a partir de las 13.30 horas, para rescindir el contrato con la actual adjudicataria por incumplimiento y para aprobar una modificación presupuestaria de 369.000 euros que hará posible la transición hacia la nueva explotación, que «será de gestión indirecta», según Sales, descartando así, en principio, una gestión pública de la piscina.
LA PLANTILLA
En el pliego de condiciones de las nuevas adjudicaciones la Diputación se ha comprometido con los 36 trabajadores de Aiguagest --que en agosto estarán en el paro-- a mediar para que les contraten, teniendo en cuenta que solicitar la subrogación no es legal. De hecho, la cartera de servicios que se incluirá en el pliego incluye todos los que ya estaban prestando estos empleados hasta esta semana.
El diputado de Deportes explicó que, desde cuando conocieron la intención de Aiguagest SL de presentar un preconcurso de acreedores, hasta ahora, han sido múltiples las reuniones con la plantilla y con la empresa, representantes sindicales, expertos legales y gestores de la administración pública, para evitar el máximo perjuicio a usuarios y trabajadores, pero la concesionaria «se ha negado a facilitarnos información». «La empresa ha actuado con deslealtad, sin permitir una transición tranquila ni poder asumir de inmediato la gestión», apuntó Sales. Además, justificaron «el silencio público» de la Diputación hasta ahora, «porque antes teníamos un impedimento legal, ya que había que esperar a que hubiese cese de la actividad y, por tanto, incumplimiento de contrato», explicó el diputado de Deportes.
Martínez hizo mención a un desequilibrio contable de la empresa de 700.000 euros que reclamaban a la Diputación, pero en base a un informe jurídico han rechazado abonarlo porque, de hacerlo, podrían incurrir en un posible delito de prevaricación.
AL JUZGADO POR LAS LLAVES
Tal es el nivel de desavenencias entre Diputación y Aiguagest que, según Martínez, han tenido que ir al juzgado para reclamar las llaves y el listado de abonados de la Piscina Provincial. «Ni siquiera nos han facilitado el listado para poder informar a los socios de la situación actual y de cuándo podrán volver a disfrutar de los servicios de la Piscina Provincial».
Respecto al estado de las instalaciones, en una reciente inspección técnica se comprobó que «es bueno, aunque se notaba la falta de los adecuados trabajos de mantenimiento en algunos equipamientos», dijo Martínez.
