La Diputación de Castellón que preside el popular Javier Moliner se sumó ayer con una declaración institucional al clamor social que demanda el fin de los peajes en la AP-7 a su paso por la provincia. Todos los grupos con representación --PP, PSPV, Compromis, Ciudadanos y Castelló en Moviment-- acordaron en el pleno ordinario de junio de la institución exigir al Ejecutivo de Pedro Sánchez la reversión de la autopista sin peajes, así como su liberalización durante las obras del firme en la CV-10 a su paso por Borriol.

Con la deuda histórica del Estado con Castellón como uno de los argumentos, el documento aprobado incluye otras exigencias. Son las de ejecutar el Plan de Mejora de la Calidad del Transporte de Cercanías en la Comunitat 2017-2015; llevar a cabo las obras de acceso ferroviario sur al puerto de Castellón y establecer la conexión entre la CV-10 con ese acceso; continuar ejecutando las obras en la N-232 y que este sea el eje de la futura A-68 hasta Vinaròs; y materializar la construcción de tres nuevos tramos de la A-7 que culminarán las obras de la CV-10 entre Vilanova d’Alcolea y la Jana.