La Diputación Provincial de Castellón ha rebajado su deuda en 14,3 millones en el último año, pasando de los 73,5 a los 59,2. Así lo dio a conocer ayer la institución provincial, quien atribuye los buenos números a la gestión económica de Javier Moliner.
«Estamos en condiciones de prestar en el 2017 mejores servicios y ayudar más a los ayuntamientos, gracias a la disminución de los costes financieros y estructurales año tras año», apuntan desde el gobierno provincial, que destaca la rebaja del 22% de la deuda en el 2016.
La Diputación pone en valor el «excelente estado de salud financiera» del organismo, que redundará en poder responder de forma más eficiente a las necesidades de los castellonenses, a pesar de haber tenido que asumir inversiones que, según apuntan, son competencia del Consell.
Las directrices marcadas en materia económica por Javier Moliner se reflejan en el nivel de saneamiento que alcanzan las cuentas provinciales, con una deuda actual cifrada en 59,2 millones, muy lejos de los 140 millones del 2011, lo que supone una reducción de casi el 60% en apenas un lustro de gestión.
Desde la institución hacen hincapié en que el actual presidente ha asumido el periodo económico más difícil de la democracia, sin pedir «ni un solo euro de crédito» a los bancos.
En este sentido, el diputado de Hacienda, Salvador Aguilella, ha subrayado que esta última amortización ha sido posible «gracias al gran trabajo que se está realizando y a la capacidad de gestión económica que viene demostrando el gobierno provincial y que nos permite liberar recursos a través de la disminución paulatina de la deuda con los bancos para destinarlos a lo que de verdad importa, los castellonenses».
La Diputación también está cumpliendo con la estabilidad presupuestaria, no gastando más de lo que ingresa y «destinando todos los recursos de la institución a las necesidades de los pueblos y los castellonenses».
PAGO A PROVEEDORES / La excelente salud financiera de la Diputación permite cumplir con una de las máximas instauradas por Moliner a la hora de convertir a la administración en una aliada del tejido económico y social de la provincia, reduciendo el periodo medio de pago a proveedores hasta situarlo en la actualidad en cinco días, cuando en el 2011 era de 40. Ello es posible gracias a un sistema de trazabilidad de las facturas para evitar retrasos. H
