La Diputación de Castellón, desde el área de Servicios Sociales que dirige Patricia Puerta, anunció ayer que los nuevos servicios de autonomía personal --hasta ahora conocidos como unidades de respiro-- tendrán una nueva regulación «en los próximos meses» que no solo permitirá «regularizar la nomenclatura», sino también «corregir la anomalía que supone ofrecer un servicio sin cobertura legal», en lo que Puerta calificó como «una chapuza más de la gestión del PP». Una deficiencia que el Gobierno provincial quiere compensar dotando al servicio con más presupuesto y hasta una decena de unidades que se suman a las existentes.
Estas declaraciones las realizó la diputada tras hacer un balance del último año de gestión de su área, en la que se ha habilitado una «macroayuda de 1,4 millones de euros» para que los ayuntamientos «puedan afrontar gastos derivados por la pandemia». Y en la misma línea incidió en el esfuerzo económico con el que han garantizado subvenciones para colectivos sociales privados, como es el caso de Cruz Roja, que ha recibido 120.000 euros para el Plan Responde, que ha atendido «a la gente más vulnerable de los municipios del interior», como enfatizó Puerta.
