La Diputación de Castellón ha tomado esta mañana el mando de la piscina provincial después de que en el día de ayer el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Castellón resolviera a favor de la corporación provincial y acordara la entrada de la institución a las instalaciones de la piscina al "efecto de conservación, mantenimiento, así como de inventariar el estado de las instalaciones".
Con el visto bueno judicial, la Diputación ha activado esta mañana toda la maquinaria para iniciar los trabajos de limpieza y acondicionamiento de las instalaciones y el equipamiento a pesar de todos los impedimentos legales que la antigua empresa adjudicataria del servicio está intentando poner.
A este respecto, el diputado de Deportes, Luis Martínez, ha lamentado que la antigua concesionaria siga poniendo trabas pese a todas las resoluciones judiciales en su contra ya que con ellas "atacan directamente al objetivo prioritario a día de hoy para esta institución. Acondicionar cuanto antes la Piscina Provincial para que los usuarios puedan emplearla y que los trabajadores se reincorporen sin más dilación a sus puestos de trabajo".
Cabe recordar que el pasado 8 de agosto el Consell Jurídic Consultiu desestimó la reclamación presentada por la empresa después de que la Diputación suspendiera el contrato de gestión ante los numerosos incumplimientos contractuales que han llevado a la empresa a no pagar los cánones establecidos a la Diputación, ni las tasas e impuestos municipales e incluso la Agencia Tributaria ha abierto una diligencia de embargo por otras deudas.
Es por ello que Martínez confía en que la antigua adjudicataria cese en sus ataques a la piscina, "ya que con ellos genera un grave perjuicio a los trabajadores, que sin el compromiso de Diputación habrían visto peligrar sus trabajos, así como a sus usuarios".
Daños y perjuicios
En esta línea, y ante el incumplimiento manifiesto del contrato por parte de la anterior empresa adjudicataria, la resolución del Consell Jurídic Consultiu también dictaminó la obligación de indemnizar a la Diputación por los daños y perjuicios ocasionados.
Es por ello que en el pleno extraordinario celebrado el pasado 3 de agosto el presidente de la Diputación, Javier Moliner, adelantó que los servicios jurídicos de la institución provincial están estudiando la posibilidad de iniciar acciones penales contra los responsables de la empresa "ya que han atacado y vulnerado los derechos de la propiedad y los trabajadores".
