La Diputación de Castellón urgirá a la Generalitat que «no retrase más» las ayudas para la protección, conservación o recuperación sobre bienes de patrimonio cultural y su puesta en valor, cuya «deficiente gestión» está poniendo «en peligro» la llegada de planes Feder a la provincia y una inversión global cercana a los 50 millones de euros, repartidos entre Castellón y el resto de la Comunitat Valenciana.
El gobierno provincial, a través del grupo popular, ha registrado una moción en este sentido, ya que «además de los 47 millones de euros que anunció el presidente Ximo Puig, hay que sumar la inversión adicional de 2,4 millones de euros comprometidos por parte de la Diputación».
En el próximo pleno de junio se «llamará la atención» sobre los retrasos en la resolución de estas ayudas, prevista inicialmente para el mes de mayo, pero aplazada, tal y como publica el DOGV, del 24 de ese mes al 24 de noviembre del 2018. La convocatoria inicial se realizó el 20 de noviembre de 2017, señala la Diputación.
El vicepresidente primero de la institución, Vicent Sales, afirmó que desde la Diputación van a «exigir a la Conselleria que resuelva de forma inmediata esa convocatoria de 20 de noviembre del año pasado para la conservación, protección y recuperación de bienes de patrimonio cultural valenciano susceptibles de ser cofinanciados con fondos Feder».
ayudas a pueblos // La corporacion tiene «presupuestados hasta 2,4 millones de euros para ayudar a los pueblos a mantener su patrimonio, y se corre el riesgo de no poder ejecutar ese presupuesto si la Generalitat no es capaz de resolver a tiempo esa convocatoria», añadió Sales.
Es por ello que la moción insta a la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte a que resuelva «de forma inmediata la resolución y evite retrasos» en el proceso administrativo.
El vicepresidente Sales hizo especial referencia a que «con los plazos que marca la Generalitat con este retraso son prácticamente de imposible cumplimiento».
Argumentó que «teniendo en cuenta que el periodo de adjudicación de las obras es de un mes y medio como mínimo, y si la resolución se mantiene a finales de noviembre como contempla este aplazamiento, los ayuntamientos tendrían que modificar presupuesto entre los dos ejercicios presupuestarios». «Estamos hablando de que las obras podrían empezarlas a principios de febrero. Si tienen que tenerlas ejecutadas y pagadas antes del 30 de abril, estamos hablando de un imposible», manifestó.
La puesta en valor del patrimonio provincial como oportunidad de desarrollo es una vía de trabajo estratégica de la Diputación de acuerdo a los objetivos marcados por la UE en este 2018 como Año Europeo del Patrimonio.
