El conflicto laboral en el Hospital Provincial de Castellón se puso de manifiesto ayer en la Ciudad de la Justicia, donde se celebraron ocho juicios por el impago de productividades y los 17 despidos aprobados en el 2016. Sin duda, el más destacado fue el que dirimió la denuncia interpuesta por la Diputación contra el cese de empleados, donde se reclamó a la Conselleria de Sanidad «readmitir a todos los trabajadores despedidos ilegalmente. Mientras, la Generalitat suplicó a la jueza que no lo haga para evitar las consecuencias que supondría esa decisión», apuntó la diputada y vocal del consejo de gobierno del centro Elena Vicente-Ruiz.
«Confíamos en que la justicia eche para atrás esta decisión del Consorcio que solo se entiende dentro de la política de desmantelamiento que está protagonizando la consellera Carmen Montón con el beneplácito de Ximo Puig. Hemos comprobado cómo no han podido justificar con ningún documento ni informe esta decisión que ahora pretenden mantener aludiendo a la dificultad administrativa de revocarla», explicó Vicente-Ruiz, quien solicitó en la vista de ayer en el juzgado contencioso-administrativo anular el acuerdo del 26 de octubre del 2016 en el que se amortizaron 17 plazas, alegando a un informe no vinculante elaborado por la UJI que no pudo ser consultado antes de dicha sesión.
versión del provincial // Fuentes del Hospital Provincial apuntaron ayer que la Diputación está impugnando en su demanda el acuerdo de creación de 109 plazas, donde se contemplaba también el cese de 17 contratos temporales e insistieron en que no se produjeron «despidos». De todos modos, los tribunales ya fallaron que estos fueron improcedentes y se abonó la indemnización marcada por el juez.
También ayer se celebraron cinco juicios, que quedaron vistos para sentencia, en los que los trabajadores reclaman el pago de la productividad de diversas anualidades. Hasta ahora el centenar de denuncias interpuestas por este asunto han sido resueltas por los tribunales a favor de los demandantes.
A estos se sumaron dos juicios por dichos despidos improcedentes, uno se suspendió por un problema en la citación de un testigo, mientras que en el otro la empleada en cuestión, una abogada de carrera, reclamó ser readmitida en el centro hospitalario, tras reconocerle el despido improcedente y haberle pagado el Provincial la indemnización oportuna. De este modo, la demandante solicita volver a su puesto, como ya ha ocurrido con una bióloga que fue despedida en la misma ronda de ceses del 2016. Ahora el hospital, por sentencia judicial, está obligado a crear una nueva plaza para esta profesional.
