El Hospital Provincial de Castelló se encuentra con las manos atadas para poder contratar a personal sanitario cara a prestar una correcta asistencia a los pacientes. Al tratarse de un consorcio, la normativa vigente le prohíbe sustituir plazas de funcionarios, por lo que la dirección del centro optó por transformar algunas de estas plazas en laboral, ya que la ley sí permite en estos casos efectuar nuevos contratos. El problema al que se enfrenta ahora es que el titular del Juzgado Contencioso-Administrativo nº 1 de Castellón ha rechazado este mecanismo, al estimar un recurso presentado por CCOO. Este sindicato mantiene un sinfín de litigios en materia laboral contra el hospital porque rechaza las medidas que puso en marcha el nuevo equipo directivo designado por la Conselleria de Sanidad, del PSPV, hace ahora cuatro años.

«Vamos a recurrir al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV), porque nosotros necesitamos sustituir bajas y vacantes de forma urgente, somos un hospital», remarcó ayer el gerente del centro, Joaquín Sanchís. De momento, la decisión judicial, que afecta a 11 empleados, no es firme, por tanto, no tendrá consecuencias a corto plazo.

De todos modos, no solo se han convertido a laboral estos puestos sino cerca de 40, «porque necesitamos prestar una correcta asistencia sanitaria». La situación que está viviendo el Provincial no la sufre el Hospital General de València, que también es un consorcio, es decir, su gestión depende de la Conselleria de Sanidad y de la Diputación. En el centro de Castelló, la mitad de la plantilla, unas 500 personas, son funcionarios y el resto son laborales. Por contra, en València, de los 2.000 empleados solo son funcionarios una decena de ellos.

Ayer, el sindicato CCOO organizó una asamblea de trabajadores para explicarles esta nueva sentencia judicial, así como abordar las posibles consecuencias.