El naufragio de la enmienda que volvía a autorizar la contratación de policías locales interinos genera un escenario de incertidumbre en el ámbito municipal. El director general de la Agencia de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, José María Ángel, augura un «caos» del que podrían aprovecharse los ayuntamientos para actuar «como les dé la gana» en virtud de su autonomía local. El resultado: un elevado nivel de conflictividad que ahora se pretendía evitar.
La sentencia dictada este año por el Tribunal Constitucional ha modificado el criterio doctrinal y ha abierto una vía a la que podrían acogerse los ayuntamientos para seguir contratando interinos. Ángel subraya que el fallo empujaba a adaptar la ley para «poner orden» y evitar la «arbitrariedad» por parte de los ayuntamientos. El secretario autonómico sostiene que la modificación de la norma no supone una vuelta a la precariedad ni un freno a la profesionalización, ya que permitía tener interinos «excepcionalmente» cuando pudieran argumentarse «motivos de urgencia y necesidad» y para un periodo máximo de dos años.
