La falta de acuerdo entre los socios de gobierno de la Generalitat impedirá, al menos de momento, el mecanismo ideado desde la Conselleria de Justicia para recuperar la figura del agente interino en los cuerpos de Policía Local. Una medida que se veía como la solución a los problemas de varios destinos turísticos de Castellón, que en los últimos años insistían en la necesidad de adaptar las plantillas a las necesidades de la temporada estival, cuando se multiplican sus poblaciones.

Para abrir la puerta a estas contrataciones eventuales, el departamento autonómico propuso una enmienda a la Ley de Acompañamiento de los presupuestos del 2020. La intención quedó truncada porque uno de los socios del Botànic, Unides Podem, se alineó junto a los grupos de la oposición y votó en contra.

Tampoco el Partido Popular se situó a favor de modificación, a pesar de que en los últimos dos veranos insistieron en la necesidad de que el Consell estableciera un sistemas que garantizara incrementar los efectivos durante la temporada turística. Dirigentes populares de Benicàssim, Peñíscola, Orpesa, Alcalà o Moncofa manifestaron públicamente sus quejas a este respecto.

En la votación de ayer, la síndica de la formación morada, Naiara Davó, justificó su postura en la defensa de los derechos laborales. «Tiene puntos necesarios que ayudan a mejorar, pero continúa posibilitando la interinidad y la temporalidad», expresó en la Comisión de Economía.

Desde el PSPV, Sabina Escrig resaltó que este mecanismo tenía como objetivo «solucionar problemas que existen en muchos pueblos, y la sustenta una resolución del Constitucional». Ahora hay una nueva oportunidad para votar, el día 18. Escrig se muestra convencida de que lograrán alcanzar «un acuerdo», si bien Davó dijo que mantendría esta posición contraria en el pleno.

ARTÍCULO / La iniciativa consistía en añadir un artículo a la Ley de Coordinación de Policías Locales, en el que se permite a los ayuntamientos excepcionalmente nombrar agentes interinos en casos de urgencia y necesidad cuando no sea posible cubrir los puestos vacantes mediante un procedimiento ordinario de provisión de puestos. Además, se establecía un periodo máximo de dos años, para evitar que los puestos eventuales se cronifiquen en el tiempo.

El texto legislativo vigente solo permite contrataciones definitivas, por la necesidad de eliminar la elevada temporalidad.

«PRIMAR EL SERVICIO» / La Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) también ha dado a conocer su postura. Su presidente, Rubén Alfaro, defendió que ante este debate «el servicio público debe primar frente a otros conflictos». Expuso las dificultades que ocasionaba la desaparición de interinos «en municipios que duplican su población en verano o por acontecimientos extraordinarios y que, por tanto, requieren de un refuerzo para garantizar la seguridad».

El máximo dirigente de la FVMP mencionó los acuerdos alcanzados en este foro, «por unanimidad», con la finalidad de adoptar sistemas que garanticen unas plantillas adecuadas.