Los procedimientos administrativos pendientes de resolución siguen frenando, de momento, el derribo de la cruz del parque Ribalta dedicada, desde 1979 y por unanimidad de los partidos políticos incluido el comunista, a las víctimas de la violencia.

El primero de ambos procesos se refiere al recurso presentado por el consistorio ante el TSJCV frente a las medidas cautelarísimas (impiden el derrumbe porque todavía no se ha dictado una sentencias) del juzgado de lo contenciosos administrativo y, el segundo, al intento de paralización de la Asociación Abogados Cristianos del presupuesto que se ha designado al derribo de este símbolo. Ni para uno ni para el otro hay fecha de resolución.

Así lo explicó la presidenta de esta entidad, Polonia Castellano, quien confía en que la Justicia «nos dé la razón frente a la decisión del Ayuntamiento de querer tirar la Cruz porque el artículo 15 de la Ley de Memoria Histórica «protege el símbolo religioso, como es la Cruz y, además, existe ya jurisprudencia».

Precisamente esta asociación es la que presentó también una querella contra el alcalde de Betxí, Alfred Remolar, y la primera edil de la Vall, Tania Baños, por trasladar y derribar respectivamente sendas cruces en sus localidades. El primero declarará en calidad de investigado en noviembre y Baños lo hizo en julio.

Por su parte, la consellera de Calidad Democrática, Rosa Pérez Garijo, avaló ayer en su visita a Castelló la «retirada de los vestigios franquistas» en referencia a la cruz del parque Ribalta «porque así lo manda la ley de Memoria Histórica y así lo estamos trabajando porque es una de las líneas principales en las que se centra esta Conselleria».