Tener una televisión y emitir de forma ilegal en Castellón va a salir muy caro. ¿Cuánto? Hasta un millón de euros de multa. Es la sanción que prevé la ley 1/2006 de la Generalitat valenciana que regula el sector audiovisual y que contempla importantes castigos económicos para las televisiones y emisoras de radio que actúan de espaldas a la legislación.
Como ya anunció ayer Mediterráneo, el Consell está dispuesto a acabar con la proliferación de emisiones pirata de TV y radio. Desde esta misma mañana, la Dirección General de Relaciones Informativas va a empezar a enviar requerimientos a los propietarios de los repetidores para que identifiquen qué persona física o jurídica está detrás de cada una de las 49 televisiones ilegales que existen en Castellón. Los propietarios de estos repetidores, ubicados en el Bartolo, la partida Sorra de la Vall d’Uixó y el cerro de la Peña de Borriol, tienen diez días de plazo para identificar a quienes emiten de forma fraudulenta. Si no lo hacen en tiempo y forma se exponen a una importante sanción administrativa.
El requerimiento a los dueños de los repetidores es solo el primer paso. Una vez los propietarios de las antenas informen al Consell de la identidad de los responsables de las 49 televisiones ilegales, estas deberán dejar de emitir. En el caso contrario, se expondrán a una multa que puede llegar hasta el millón de euros.
La Dirección General de Relaciones Informativas ya ha asegurado que la voluntad del Gobierno valenciano de poner punto y final a la proliferación de emisiones pirata es “firme” y que se llegará “hasta las últimas consecuencias” para acabar con la abultada cantidad de televisiones que burlan la ley.
De hecho, el Consell recuerda que la existencia de televisiones y radios ilegales convierte “en papel mojado” el sistema de licencias otorgadas por la administración de la Generalitat. “Las emisoras de radio y televisión legales deben pagar por el mantenimiento de las licencias y por ejercer legalmente una actividad económica y además, se ven obligados a competir con las emisoras ilegales con unos costes de funcionamiento menores al ejercer actividades no declaradas”, apuntan desde el Consell. Y esa competencia desleal “atenta contra la sostenibilidad del sector y limita las posibilidades de crecimiento del sector y de creación de puestos de trabajo”. H
