La Conselleria de Educación quiere derogar el decreto 9/17 de enero del plurilingüismo, que actualmente está suspendido cautelarmente por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV) tras una decena de recursos judiciales. Y lo hará con una nueva normativa, presentada ya a los sindicatos para su debate este jueves en la mesa sectorial, con un único artículo: el que da carpetazo al decreto incial.

Mientras, en los colegios, se mantiene activo el decreto-ley de urgencia, emitido en septiembre para el inicio del curso, y que afecta a los alumnos de 2 y 3 años, mientras los más mayores regresaron al plan del PP del 2012, y se ha elevado a Les Corts una proposición de ley para blindar el modelo educativo valenciano, y que prevé su tramitación en breve, cara a estar vigente el próximo curso.

Con este panorama, Educación ha presentado un borrador del texto en el que se señala que, "al haberse iniciado la tramitación de la proposición de ley y al aplicarse este curso el decreto ley, hay que proceder a la derogación del decreto 9/2017, en orden a racionalizar y dotar de eficiencia la ordenación jurídica del plurilingüismo en el sistema educativo valenciano».

El proyecto de decreto, en ese único artículo que deroga la mencionada norma, marca en su preámbulo destaca el inicio de la tramitación parlamentaria para la nueva ley, «para dotar de la mayor estabilidad y seguridad al régimen jurídico del plurilingüismo». Y, en paralelo, permitirá «la obtención de un amplio consenso político en el seno de las Cortes», según afirma el texto.

"DAN LA BATALLA POR PERDIDA" //

El principal sindicato educativo en la Comunitat, STEPV, ha mostrado ya su "oposición" frontal a la derogación. Su portavoz, Marc Candela, explica que "no es aceptable, es una decisión precipitada, porque están pendientes las resoluciones a los recursos en el TSJ, la nueva proposición de ley ni se ha publicado ni se ha aprobado". Por ello, pide al conceller, Vicent Marzà, que "se deben agotar los tiempos judiciales" antes de derogar el plan.

Candela pregunta que "para qué derogar un decreto que se derogará de facto cuando se apruebe la proposición de ley". Y opina que "la única explicación está en querer cerrar todos los recursos presentados contra el decreto de plurilingüismo". "Dan la batalla por perdida, cuando el TSJ, en julio mantuvo en vigor el decreto, tumbando la disposición 5ª, la que establece las certificaciones al final de cada etapa". Además, señala que las sentencias están recurridas al Tribunal Supremo, que tampoco se ha pronunciado. //