El president de la Generalitar, Ximo Puig, defendió ayer, como ya había hecho en semanas anteriores, que se tenga en cuenta el criterio de la población en el reparto del fondo de 16.000 millones de euros del Gobierno a las comunidades autónomas para afrontar los gastos de la crisis sanitaria, así como también el índice de pobreza y la renta per cápita.
Para Puig, en el reparto de 5.000 millones a las comunidades dentro de ese fondo «el criterio más razonable» es de la población, y añadió que la Comunitat Valenciana será una de las más afectadas por la pérdida de recaudación porque hay «sectores muy afectados», como el turístico.
El president reconoció que existe discusión en estas cuestiones y admitió, en declaraciones a los medios, que las comunidades que han sufrido en mayor medida los efectos de la pandemia --como Madrid, Cataluña o Castilla-La Mancha-- tengan más apoyo del fondo, aunque ello «no sea beneficioso» para la Comunitat Valenciana. Sin embargo, puntualizó que aquellas que han hecho un gran trabajo de prevención y otras actuaciones sanitarias también tienen «que ver correspondencia», y por eso defendió el criterio poblacional, el índice de pobreza y la renta per cápita entre los que deberían tenerse en cuenta a la hora de repartir el dinero.
Por su parte, el grupo popular en Les Corts ha propuesto reducir a siete las conselleries y destinar el ahorro a la reactivación económica de la Comunitat Valenciana ante la crisis del covid-19, así como limitar el número de altos cargos a cuatro y el de asesores a dos en cada una de ellas.
«Qué lejos quedan esas promesas de Oltra de que cada Conselleria tuviera dos asesores y las de Puig diciendo que eliminaría las secretarías autonómicas», señala la portavoz adjunta del grupo popular, Eva Ortiz. «La administración está sobredimensionada y si el reajuste ya era necesario antes, ahora es urgente», añade.
