La liberalización de la AP-7 ha dejado en el aire una incógnita sin resolver, que no es otra que cómo se va a financiar la gestión y el mantenimiento de este vial, que hasta el 1 de enero asumía Abertis, sin causar un importante quebranto a las arcas públicas. A este respecto, desde el mundo empresarial y económico hay voces que ven imprescindible establecer la puesta en marcha de algún tipo de pago para los conductores, una opinión que también sustenta, ni más ni menos, la patronal de las grandes constructoras en España, Seopan.

Una medida necesaria para que el Gobierno central --justifican-- pueda cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, lo que requiere una elevada inversión que se podría obtener no solo en autopistas liberalizadas, también en autovías. Seopan incluso propone una tarifa a aplicar: entre 9 y 19 céntimos por kilómetro, según sean vehículos ligeros o pesados.

No es una opinión aislada. También la sostiene la patronal de empresarios catalanes, Foment del Treball, que alerta de que la AP-7 no podrá ser de gestión pública si no se recogen aportaciones de los usuarios, un argumento parecido al que sostiene la Cámara de Contratistas de la Comunitat. De las primeras en manifestarse en este sentido fue la Cámara de Comercio de Alicante.

La Confederación Empresarial Valenciana (CEV) no ha emitido una postura unitaria en este sentido, pero fuentes de la institución reconocen que el debate está presente y que hay un número considerable de miembros que son favorables a los peajes.

Este planteamiento se encuentra con la oposición de los principales usuarios, los camioneros. La Confederación Española de Transporte de Mercancías emitió un comunicado en el que se manifiestan «absolutamente convencidos» de que la implantación de nuevos peajes tendría efectos negativos en la competitividad de la economía española, «encareciendo el precio de nuestros productos y dificultando su exportación como consecuencia de nuestra situación periférica».