Es una locura», «no tiene sentido», «significa poner piedras en las ruedas de las empresas»... De esta manera hablan las fuentes consultadas por Mediterráneo de la aplicación, a partir de mañana, del real decreto ley 8/2019, que establece la obligatoriedad de que los trabajadores fichen para, según defiende el Gobierno central, luchar contra el fraude de las horas no pagadas al trabajador y además no cotizadas. Y es que hablan de un problema de fondo y de forma. De fondo, porque dudan de su efectividad. Y de forma, porque no hay establecido un método fiable y asequible tanto para grandes empresas como para pymes o autónomos.
«Apoyamos al Gobierno en la lucha contra el fraude, pero no tiene sentido hacerlo con herramientas del pasado», explica el presidente de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV) en Castellón, Sebastián Pla.
A su juicio, la instrumentación del sistema de control horario en las empresas «se está encontrando con una serie de obstáculos derivados de las diferentes casuísticas que hay en los sectores de actividad». En este sentido, pone como ejemplo los «trabajadores con disponibilidad horaria, comerciales o trabajadores del campo. El presentismo carece de sentido actualmente», matiza.
En parecidos términos se expresa Carlos Escorihuela, presidente de la patronal turística Ashotur, que se queja de que el Gobierno «no haya facilitado un modelo estándar para fichar». «Esta norma es muy difícil de aplicar en la hostelería. Los empresarios se han ido apañando con la ayuda de los trabajadores y ahora ponemos piedrecitas en las ruedas. Desde luego, no va a ayudar a crear empleo», indica.
Desde la gestoría Ramón Corma, de Castelló, donde trabajan con muchos transportistas, se preguntan «¿cómo van a fichar?». «Este sistema puede funcionar en el caso de una farmacia, pero hay otras ocupaciones que son imposibles de controlar».
