Vicente F. escuchó por primera vez hablar de la energía fotovoltaica hace algo más de una década. Este funcionario ya jubilado de Castellón decidió asociarse con su hermano e invertir 70.000 euros en aquello que llamaban huertos solares. Tenían unos ahorros, pero solicitaron un crédito, se hipotecaron y financiaron una minihuerta solar de 100 kilovatios en el interior de Castellón. Ocurrió en el 2007, pero ahora, lo que hace nueve años parecía una inversión segura, se está convirtiendo cada vez más en un quebradero de cabeza. Hace unas semanas, el Tribunal Superior daba la razón al Estado al tumbar la primera tanda de recursos que cientos de particulares, asociaciones y empresas habían elevado contra el último recorte en las ayudas a la producción de energía renovable. Un negocio en el que Vicente entró, al igual que otros muchos, alentado por unas primas que marcó el Estado, pero que progresivamente se han ido reduciendo sin que se hayan amortizado aún sus inversiones.

La historia de Vicente (pide que no se publique su apellido) es similar a la de otros mil pequeños inversores de Castellón que entre el 2006 y el 2009 vieron en la energía solar una buena forma de invertir. El Gobierno de Zapatero lanzó en aquellos años un atractivo sistema de primas para las renovables vía decreto que en parte ya había sido impulsado por Aznar en los últimos meses de su Ejecutivo. Se desarrolló una campaña gubernamental denominada El sol puede ser tuyo que animaba a participar en proyectos fotovoltaicos y garantizaba una rentabilidad del 12%, líneas de crédito oficiales y el primer año de carencia. También se prometían réditos fijos a pesar de que el precio de la luz variase.

Con esas condiciones, la inversión en huertos solares se multiplicó en pocos años. Desde el 2007 al 2009, el número de huertos pasó de 150 a casi 700, fundamentalmente en municipios como les Coves, Azuébar, Cabanes, Onda, Benassal o Vilar de Canes. Otros inversores de Castellón optaron por otras instalaciones fuera de la provincia e invirtieron en huertos de Valencia, Almería o incluso Albacete. En el conjunto de la Comunitat Valenciana, y según reflejan los datos de la Asociación Nacional de Energía Fotovoltaica (Anpier), son más de 7.000 las familias afectadas, unas 70.000 en toda España.

RECORTE TRAS RECORTE // Los primeros recortes llegaron en el 2010 y la tijera se afianzó durante el 2013 y el 2014, lo que ha provocado que la rentabilidad haya menguado un 45%. “Lo que ha pasado es un robo superior al de las preferentes. En el caso de la fotovoltaica, todo estaba muy bien leído y escrito en el BOE”, denuncia Lluís Calatayud, delegado de Anpier en la Comunitat.

Con la sentencia del Supremo en contra, la mayoría de los inversores aguanta como puede. “El grueso ha refinanciado la deuda y aguanta las pérdidas”, apunta Calatayud. Otros muchos han tirado ahora la toalla. No han podido hacer frente a las deudas y su huerto solar ha acabado en un fondo buitre que lo ha comprado a precio de saldo. H