La campaña contra la gripe arrancará el próximo lunes y lo hará con la negativa de los enfermeros a poner la correspondiente vacuna a los pacientes si previamente no viene prescrita de manera oficial por un médico, como viene regulado en un decreto aprobado por el Gobierno en 2015. Tanto el Colegio como el principal sindicato del sector, Satse, dijeron ayer que no pueden obedecer una orden de Sanidad de la que tienen dudas de su amparo legal.
Al respecto, tanto la directora territorial de la Conselleria, Azucena Martí, como el director de Salud Pública en Castellón, Josep Trullén, señalaron ayer que los enfermeros deben atender la demanda de Sanidad y vacunar como se ha venido haciendo hasta ahora, sin necesidad de pasar por la consulta médica, puesto que en este caso «la orden autonómica prevalece sobre el resto», según entienden ellos.
Desde el Colegio de Enfermeros, su presidente, Francisco J. Pareja, justificó haber llevado este asunto al fiscal al señalar que necesitan un órgano jurídico que fije las pautas a seguir. De hecho y con una interpretación literal de la ley, un enfermero podría estar incurriendo en un delito de usurpación tipificado en el Código Penal. El máximo mandatario provincial del sindicato Satse, José María Calas, habló en parecidos términos y subrayó que «no es que no queramos, es que no podemos vacunar sin la prescripción previa de un médico».
De otro lado, sobre el acuerdo alcanzado entre Sanidad y los farmacéuticos para que, desde estas oficinas, se puedan pedir cita para los centros de salud, los representantes de los enfermeros lo tacharon de «barbaridad» al tratarse de entidades privadas. El presidente del Colegio Farmacéutico de Castellón, Sergio Marco, dijo no entender la polémica «cuando se viene haciendo desde 2010 con total normalidad». H
