El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) publicó ayer el decreto del reglamento de la ley de renta valenciana de inclusión, elaborada por la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, con la que este año se pone en marcha la renta de garantía de ingresos mínimos y la inclusión social.
La noticia llega después de que desde la Conselleria todavía no se haya informado con exactitud sobre cuántos castellonenses han solicitado la medida, que aporta ingresos a personas sin recursos y que residan en la Comunitat, además de mujeres víctimas de violencia de género, refugiados y en otros casos extremos.
Así lo confirmó ayer la Generalitat, que señala que esta normativa convierte la renta en un instrumento que permite a las personas rehacer su proyecto de vida y también terminar con la burocracia y la gestión dispersa, de manera que se logre una mayor eficacia en la lucha contra la pobreza. En este sentido, se contempla que la prestación económica prevista podrá ampliarse hasta en un 25% para cubrir los gastos derivados de la vivienda y del consumo energético.
La ley incluye mejoras como la ampliación y flexibilización de los requisitos para poder acceder a la ayuda, el aumento de tiempo de cobertura de la prestación y el ahorro en la gestión burocrática, además de desarrollar aspectos concretos de la normativa y el procedimiento administrativo.
