Castellón se sitúa en el puesto número 39 del ránking de provincias españolas en cuanto a la ratio de residencias de mayores con respecto a una población cada día más envejecida. Se trata de una situación que se ha venido agudizando en los últimos cinco años y donde prevalece la presencia de la iniciativa privada sobre lo público.

La ratio de residencias por cada mil habitantes se sitúa ya en la provincia en poco más de 2,9%, mientras que en el resto del país la media roza el 4,20.

Los últimos números publicados por el Ministerio de Economía y Competitividad, a través de su informe de envejecimiento, referidos al último ejercicio, refrenda que la provincia afianza su déficit de plazas residenciales, en tanto la población mayor no para de crecer, como señala el INE. Por cada diez establecimientos que existen en Castellón, siete corresponden al sector privado, según las mismas fuentes, que hablan de un total de plazas que apenas rebasa las 3.100 en toda la provincia. Otro dato significativo es que el 90% de los centros -tanto públicos como privados- corresponden a establecimientos con más de 50 plazas.

Por otro lado, las últimas estadísticas en este sector sí destacan el importante esfuerzo que se ha empleado en acondicionar los centros, con reformas importantes al tratarse de edificios con más de 30 años. En los últimos cuatro años la modernización de las instalaciones ha llegado casi a la mitad del sector. También destaca la creación de nuevos establecimientos -con menos de diez años- lo que ya suponen el 30% del total. Además, ha sido relativamente frecuente que en el último quinquenio se haya realizado obras de ampliación en los centros más reducidos, debido al incremento de la demanda.

COSTES DE LOS CENTROS // En cuanto al coste medio diario por residente, apenas se ha incrementado en cinco años, al quedar congelado prácticamente en algo menos de 60 euros, según los sondeos realizados en una veintena de centros. La partida que más sigue sobresaliendo es el que corresponde a personal, que llega al 63% del total de los costes, mientras que los gastos en la plantilla dedicada a atención directa roza el 44% del balance final de cuentas.

Finalmente, los estudios señalan que todos los centros analizados cumplen con holgura los requisitos de personal que imponen las diferentes administraciones públicas; además, los salarios abonados se sitúan ligeramente por encima de los niveles fijados en el convenio colectivo. Esta situación no se ha visto alterada durante el periodo de crisis, al contrario de lo que ha venido sucediendo en otros sectores afines y los registros que se han dado en otras provincias españolas.