Castelló no recurrirá a la subida de impuestos para compensar la menor recaudación del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Así lo confirmó ayer el portavoz del equipo de gobierno, Rafa Simó, que anunció que el Ayuntamiento ha tomado la decisión de «no modificar las ordenanzas fiscales y mantener las del año pasado», de cara a los próximos presupuestos municipales.
El consistorio zanja así la polémica generada la semana pasada en el seno del tripartito, por las diferencias entre los grupos a la hora de abordar la reducción de recaudación prevista por la revisión catastral del IBI, que se estima de dos millones de euros, a los que hay sumar otros 600.000 euros que se pierden por la liberación del peaje de la AP-7. El agujero puede aproximarse a los cinco millones porque hay que añadir 1,5 por la subida salarial a los funcionarios condicionada por el Gobierno central. Frente a ello, el PSPV abogaba por reajustar los presupuestos para mantener el gasto sin subir los impuestos, solución que será finalmente la que se llevará a cabo.
En este sentido, Podem-EUPV, el socio minoritario del tripartito, había propuesto una serie de medidas como aumentar el IBI a la actividad del Puerto o a las viviendas vacías en manos de grandes propietarios, entre otras. Estas propuestas fueron rechazadas por el PSPV, aunque no se descarta que se pueden estudiar de cara al próximo año, con más tiempo. Ahí entra en juego Compromís, el otro socio de gobierno, que recuerda el «compromiso» adquirido en el Acord de Fadrell para «elaborar un plan fiscal a tres años vista» que permita «desarrollar una estructura de recaudación progresiva y equitativa».
Agua // Asimismo, Rafa Simó apuntó que la tasa del agua crecerá un 0,27%. Explicó que se calcula con una fórmula técnica que incluye cuestiones ajenas al consistorio como el precio del gasoil, «factores que no dependen de la voluntad política».
