Abertis, la compañía concesionaria de la autopista de pago AP-7 «no abona ningún importe a la Administración General del Estado por la gestión de la concesión», de modo que la única contraprestación que realiza es el mantenimiento de la vía, según afirma el Gobierno de España en una respuesta parlamentaria al senador de Compromís por Castellón, Carles Mulet.

Por otra parte, asegura que «no contempla actualmente prorrogar los plazos concesionales de las autopistas que están próximas a su finalización», y que, cuando acaben, «revertirán a la Administración General del Estado», concluye que esa es la situación de la autopista AP-7, Tarragona-Valencia-Alicante, que se extinguirá en el año 2019.

Estas últimas afirmaciones no responden a la pregunta realizada por Mulet, quien quería saber si el Estado contempla la gestión privada para estas vías de comunicación una vez que queden liberadas. Precisamente, el senador quiso ayer dejar patente que el Ejecutivo de Madrid ofrece «no respuestas» a las peticiones de información del parlamentario.

En otro caso, el senador inquirió si se ha calculado el beneficio que ha podido obtener la empresa, año por año, por la concesión de la AP-7 desde su inicio y a su paso por el territorio valenciano. El Gobierno responde solo que conoce su situación económica, ya que entrega una auditoría previa de sus cuentas.