Surrealista. Esa es la situación en que se encuentra el sector de la estiba (y que por tanto afecta a una gran parte de la economía castellonense y estatal) con el paso que se dio ayer en la negociación de la reforma del sector.

La patronal Anesco y los sindicatos de trabajadores se reunieron durante cuatro horas y abrieron un proceso que tiene visos de ser únicamente un brindis al sol. Tanto es así que los estibadores desvincularon los nueve días de huelga que han convocado a partir del lunes que viene del proceso de diálogo debido a que el Ministerio de Fomento no participa en él y sus conclusiones no se incluirían en el real decreto ley que aprobó el pasado viernes.

Y es que, como señala el presidente del comité de empresa de los portuarios castellonenses, Ximo Pesudo --que participó ayer con su compañero Francisco Gonell en la reunión--, la huelga «no tiene nada que ver con las empresas, está vinculada a la retirada del real decreto ley».

En esta tesitura, después de la primera cita en que no participó Fomento, «muy difícilmente» ningún acuerdo al que se pueda llegar en las reuniones venideras puede desbloquear los paros que comenzarán el lunes, reconoció tras las cuatro horas de encuentro el secretario general de Coordinadora (el principal sindicato de estibadores), Antolín Goya. También el director gerente de Anesco, Pedro García, calificó la situación de «compleja».

Y ello a pesar de que, como reconocieron todos, se avanzó en algún punto, como la continuidad de los 6.152 estibadores estatales (160 castellonenses) a partir de la hipotética ratificación de la ley estatal, algo que las empresas van a estudiar y que hasta ahora negaban (les acarrea costes por la subrogación). Pero el aspecto fundamental para los portuarios, el registro del personal, no se abordó en la cita y tiene pocos visos de ser incluido en el real decreto, como piden los trabajadores.

En este contexto, el consenso para la reforma del sector que piden los grupos políticos se antoja más que complicado. Y, si estos mantienen su palabra, el Gobierno va a tener muy difícil lograr los apoyos que son necesarios para que el Congreso ratifique el real decreto ley que ha motivado la actual situación de inestabilidad de los puertos estatales.

El presidente del Consejo Económico y Social, Marcos Peña, que actúa de mediador, debería fijar hoy una nueva reunión.