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modificación de la ley de protección de la infancia y la adolescencia

Estudian reclamar a las Ampas el certificado de delitos sexuales

La orden se extiende a curas, monitores, sanitarios y entrenadores. Conselleria podría ampliar la medida a más colectivos que trabajen en colegios

 

Estudian reclamar a las Ampas el certificado de delitos sexuales -

LAURA CANO SALINAS
13/03/2016

La Conselleria de Educación está trabajando para obtener una relación de todas las personas a las que se debería pedir el certificado de no estar inscrito en el Registro Central de Delincuentes Sexuales. Es por ello que las Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (Ampas) podrían tener que realizar, en unos días, esta gestión que desde el 1 de marzo se ha puesto en marcha en la Comunitat Valenciana.

Esta modificación de la ley de protección de la infancia y la adolescencia no ha gustado a muchos de los grupos que habitualmente tratan con niños. Es el caso del Sindicat de l’Ensenyament del País Valencià (STEPV), que ha mostrado su oposición a la nueva medida. La organización insta a la Conselleria a retirar la orden pues “pone en el punto de mira al profesorado y atenta contra la presunción de inocencia”, revelan. Según las instrucciones publicadas por el Consell, el profesorado interino adjudicado a partir del 1 de marzo debe aportar el certificado junto con el resto de documentación habitual, y los docentes que ya están trabajando tienen que autorizar a la Conselleria para que acceda a la información antes del próximo 1 de abril. Asimismo, STEPV considera que la medida no solucionará el problema, una opinión compartida por el colectivo de monitores. Una de las empresas dependientes de la Generalitat, dedicadas a la formación de animadores y monitores, revela que “no servirá de nada porque existen muchos casos de agresiones sexuales que no están detectados, por lo que habrá personas que podrán trabajar igualmente”.

Una visión que contrasta con la aportada por el sindicato de educación pública Anpe, que aplaude la iniciativa aunque alude a una pega: la burocracia. “El profesorado interino será el más perjudicado por el papeleo porque deberán pedirlo cada vez que les den de baja”, manifiestan desde la asociación.

Con todo, hasta el mes de abril serán unos 8.000 los maestros que deben certificar que carecen de antecedentes por agresiones sexuales, así como cientos de entrenadores, monitores, sanitarios y curas. Una lista que podría ampliarse en pocos días. H