La Comisión Europea se alinea con las demandas del sector pesquero castellonense y pide a los Estados miembros (entre ellos, España) que para autorizar la pesca del atún rojo, se esfuercen «por distribuir equitativamente las cuotas nacionales entre los distintos segmentos de flota, teniendo en cuenta los modelos de pesca tradicional y artesanal».

Esta es precisamente la demanda que desde hace años, y especialmente en los últimos meses, vienen exhibiendo los marineros y cofradías castellonenses.

La directriz está recogida en el nuevo reglamento aprobado por el Parlamento Europeo y el Consejo para la regulación de la pesquería del atún rojo, que acaba de ser publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea.

El Ejecutivo y el Parlamento comunitario añaden así presión al Gobierno español, que viene recibiendo muchas críticas desde varios territorios por el reparto de las cuotas, en las que grandes empresas, como Balfegó (de Tarragona), o las almadrabas del estrecho de Gibraltar, reciben la mayoría de las autorizaciones de pesca de este túnido.

De hecho, las tesis de la Unión Europea coinciden con las reivindicaciones de las embarcaciones de artes menores castellonenses, que vienen reclamando «que se cumpla el artículo 17 de la Política Pesquera Común», señala Agustín Olivares, miembro de la Asociación para la defensa de la pesca artesanal del Mediterráneo. Y esto está recogido textualmente en el nuevo reglamento.

INCERTIDUMBRE // Eso sí, los marineros castellonenses no las tienen todas consigo. De hecho, Olivares recuerda que, en una reunión reciente, uno de los responsables del Ministerio para el reparto de la cuota del atún rojo, Rafael Centenera, “nos dijo que si fuera por él, a las artes tradicionales no nos daría ni una autorización”. Según expuso Centenera en aquella cita, los cerqueros, como los de Balfegó (que pescan toda su cuota en menos de una semana) «son la pesquería más sostenible». Y en realidad «son los que estuvieron a punto de llevar a la especie a la extinción», rememora el propio Olivares.

En teoría, en enero debería estar resuelto el tema, ya que la UE pide conocer el reparto. H