A los ayuntamientos les esperan unos meses moviditos. Y la culpa la tiene una sentencia del Tribunal Constitucional, que la semana pasada declaraba nulo parte del impuesto de plusvalía que había vigente, un gravamen que cobran los consistorios a todos los contribuyentes que venden un inmueble o lo adquieren por herencia o donación. El alto tribunal considera inconstitucional el cobro de este impuesto en los casos en los que se transmite una vivienda con pérdida de valor real y con su decisión va a abrir la puerta a una cascada de reclamaciones que exigirán una solución al impuesto que se pagaba.

Como publicó hace unos días Mediterráneo, en Castellón, según un informe de la Sociedad de tasación Tinsa, unas 9.000 personas afectadas por las plusvalías tendían derecho a solicitar la devolución del dinero.

Los expertos en el campo pronostican que en las próximas semanas los ayuntamientos de toda la provincia recibirán un aluvión de reclamaciones exigiendo la devolución del impuesto de plusvalía. De hecho, muchos ciudadanos lo llevan solicitando ya desde principios de este año, cuando el Constitucional anuló los mismos artículos de la norma foral de Guipúzcoa. En Almassora se han tramitado desde enero un total de 32 recursos, mientras que en Castellón una media de cuatro personas al día solicitan la devolución de este importe.

Pero no todos los contribuyentes que logren demostrar que vendieron su casa a un valor inferior al que pagaron por ella van a tener igual de fácil recuperar el dinero. Todo depende del sistema utilizado. «Cuando el sistema es de autoliquidación existe un plazo de cuatro años para solicitar la rectificación de la autoliquidación presentada y la devolución del impuesto pagado», apunta Alfonso Febrer, uno de los responsables de Febrer Asesores, con sede en Benicarló. Es decir, tan solo tienen derecho a reclamar aquellas personas que vendieron su propiedad a partir del año 2013. Sin embargo, cuando el sistema es de liquidación (es el Ayuntamiento el que presenta al contribuyente la factura fiscal) la cosa se complica mucho, ya que cuando transcurre un mes desde que el consistorio practica la liquidación, ésta se vuelve firme. En la ciudad de Castellón, y según fuentes municipales, se usa el sistema de autoliquidación.

En cualquier caso, y según los ayuntamientos consultados, se está a la espera de que el Gobierno dé instrucciones sobre cómo se debe actuar en los casos de venta con pérdidas, algo que podría producirse una vez se aprueben definitivamente los presupuestos realizados por el Estado. Lo que no ocultan los ayuntamientos de Castellón es que la sentencia del TC supondrá un agujero considerable pasa sus cuentas. Solo en el 2015 (los datos del 2016 aún no están cerrados) los consistorio de la provincia ingresaron en concepto de plusvalía municipal 17,8 millones de euros.