La última junta de gobierno del Ayuntamiento de Castellón del año abordó ayer tres sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) referentes a las expropiaciones del barranco de Fraga. Según explicó la portavoz del equipo de gobierno, Verònica Ruiz, son las primeras que se resuelven tras los recursos presentados por el consistorio contra resoluciones del jurado provincial de expropiación forzosa, que en los últimos meses había fallado a favor de decenas de propietarios, fijando precios superiores a los que en su día pagó la administración local por los terrenos. Estas tres sentencias del TSJCV resuelven a favor del Ayuntamiento y rebajan el dinero que tenía que abonar a los propietarios en base al jurado de expropiación, en 80.492 euros, más intereses.

En la junta, también se aprobaron dos resoluciones de subvenciones en materia de vivienda. Una sobre las ayudas para hacer frente al pago de la hipoteca, que oscilan entre 1.000 y 2.000 euros y que han sido concedidas a un total de 37 personas. La otra es para la mejora de las condiciones de habitabilidad de viviendas, de la que serán beneficiarias otras cuatro personas, que podrán percibir cantidades que oscilan entre los 100 y los 1.200 euros.

GERENTE DE FIESTAS // El equipo de gobierno también aprobó de forma definitiva el nombramiento del gerente del Patronato Municipal de Fiestas, Vicente Montolio. «Fue el único candidato que se presentó. Ya ocupaba el puesto en comisión de servicios y es una persona muy preparada», valoró la portavoz del bipartito.

En la junta de gobierno se dio vía libre al expediente de licitación de la Fira de la Cerveza Artesana para las fiestas de la Magdalena. Un contrato que quedó desierto en la primera convocatoria y que han vuelto a sacar «para ver si alguien está interesado», reconoció Ruiz. Las bases, puntualizó, «son las mismas».

Fuera de los temas propios de la junta de gobierno, la portavoz municipal habló de los presupuestos municipales para el 2018, confiando en que «se pueden aprobar en enero» y que los del 2017 «se prorrogan automáticamente hasta que estén los nuevos». También dijo que «todas las inversiones financieramente sostenibles se han licitado, ya sea mediante la aprobación de la junta o por decreto».