Son uno de los colectivos más numerosos de Castellón y, a estas alturas del año, todavía no saben lo que van a cobrar en el 2020. Y la culpa la tiene la falta de Gobierno. El Ejecutivo que preside Pedro Sánchez lleva 104 días en funciones y a seis semanas de que tengan que convocarse elecciones si no hay investidura, no hay visos de pactos. Un bloqueo político que impide aprobar reformas y presupuestos. ¿La consecuencia? Sin presupuesto no llegan inversiones a la provincia y los 131.000 pensionistas de Castellón solo van a ver revalorizada su paga en un 0,25%. Una minucia. Y ahí no acaba todo. La parálisis también afecta a los 29.828 empleados públicos de la provincia que verán sus salarios congelados. En total, 161.241 personas con el bolsillo amenazado.

Hasta este año, y desde que en el 2013 el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó el índice de revalorización de las pensiones, los jubilados de Castellón acumulaban cinco años consecutivos con la paga congelada. En el 2014, su pensión se revalorizó en dos euros al mes, un 0,25%. Lo mismo sucedió en el 2015, el 2016 y el 2017. Este año los precios subieron un 2%, un hecho que provocó que el colectivo perdiera el 1,75% de poder adquisitivo. Miles y miles de pensionistas de toda España, también en la provincia, salieron a la calle. Aquellas protestas surgieron efecto y el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, incluyó en los Presupuestos de 2018 una subida del 3% a las pensiones mínimas y de un 1,6% para el resto para los años 2018 y 2019. Un incremento que aumentó aún más el Gobierno de Pedro Sánchez cuando aprobó un decreto ley para ligar la subida de las pensiones este 2019 al 1,7% del IPC, por lo que todavía se incrementaron una décima más.

DE 14 A DOS EUROS AL MES // La paga media de los algo más de 131.000 pensionistas de Castellón ha aumentado este año en unos 14 euros al mes (196 al año), pero es muy probable que en el 2020 solo crezca dos euros. Todas las leyes aprobadas hasta la fecha solo fijaban la revalorización hasta 2019. Y eso significa que, ante la parálisis gubernamental y si no hay ningún cambio en las próximas semanas, volverá a tomarse como referencia la norma del 2013 que fija la subida de las pensiones en un 0,25%. «Con el Gobierno en funciones, el único método posible para sacar adelante una nueva revalorización sería aprobar un decreto ley que tendría que aprobar el nuevo Parlamento», explican fuentes del Ejecutivo que preside Sánchez. Y eso, hoy por hoy, es imposible.

El Gobierno en funciones tiene las manos atadas y no puede subir las pensiones más allá del 0,25%, y la situación será todavía más mala para todos aquellos que cobran por viudedad o reciben pensiones en favor de familiares. Los primeros, por ejemplo, son 30.092 en Castellón y su pensión media es de 637 euros, con lo que la subida se quedará en 1,59 euros más al mes.

MOVILIZACIONES EN OTOÑO // Para los pensionistas de Castellón, la posibilidad de que la paga se incremente solo un 0,25% supone un nuevo mazazo. «Si finalmente no hay Gobierno ni presupuesto y volvemos a perder poder adquisitivo saldremos de nuevo a la calle», apunta Evaristo Soto, secretario general de la Federación de Pensionistas de CCOO-PV, que avanza que el próximo 1 de octubre, día del mayor, habrá una manifestación de protesta. Soto insiste en la necesidad de que se forme un Gobierno progresista que se comprometa a fijar por ley que las pensiones suban anualmente igual que el IPC real.

Javier Hurtado, portavoz en Castellón del colectivo Iai@flautas, apunta en la misma dirección. «Si no se cumplen los objetivos que nos habían prometido saldremos de nuevo a la calle. Lo haremos en septiembre», dice.

Los pensionistas salen claramente perjudicados de la falta de Gobierno y también lo hacen los funcionarios, que previsiblemente verán como su sueldo se congela. Para el 2020, y en virtud del ultimo acuerdo alcanzado con los sindicatos, se recogía un incremento salarial el 2%, más un 1% adicional si el incremento del PIB es del 2,5% o superior. No obstante, los agentes sociales reconocen que la situación de un Gobierno en funciones dificulta esta vía, dado que no tiene capacidad legislativa ni puede dar validez a los anteriores acuerdos.

Tanto pensionistas como funcionarios, por lo tanto, comenzarían el año con un subida del 0,25% y sin ninguna mejora. Solo podrían aspirar a una mejora retroactiva a lo largo del próximo ejercicio en el momento en el que el Gobierno pueda aprobar unos nuevos presupuestos.