La progresiva jubilación de una generación de ganaderos provoca una situación paradójica en la ganadería de Castellón. Debido a este envejecimiento, en la provincia existe una tendencia al cierre de granjas que las escasas inversiones de quienes se incorporan al negocio --tras un largo proceso burocrático-- no logra evitar, aunque en algunos sectores, como el porcino, en el que Castellón es una potencia, estas nuevas explotaciones sí logran que se incremente la cabaña.

Según los últimos datos de la Conselleria de Agricultura, de finales del 2018, en la provincia existían en ese momento 1.943 empresas de cría de animales, 67 menos que un año antes. Aunque, tal y como informó este diario, durante el 2019 el Consell sí ha dado varios permisos para la apertura de algunas granjas importantes (una en la Vall d’Alba permitirá engordar 160.000 pollos al año), los ganaderos aún critican la lentitud y la burocracia del ejecutivo autonómico a la hora de dar el visto bueno a la ampliación o apertura de nuevas instalaciones.

La situación del sector porcino explica bien lo que ocurre en el conjunto de la ganadería provincial. Castellón ha perdido dieciocho explotaciones en dos años, pero en ese tiempo la cabaña ha aumentado en 25.000 animales hasta superar los 690.000.

INtegradoras // El responsable de ganadería de la Unió, Francis Ferreres, explicó que pese a la pérdida de empresas, el sector pasa por un momento razonablemente bueno. «El 90% de los profesionales trabaja con integradoras y, gracias también a que la demanda mundial de carne de cerdo no deja de crecer, los ingresos están asegurados», indicó. Por ello, cree que es el momento de que los ganaderos acometan las inversiones necesarias para modernizarse y apostar por instalaciones más grandes que aseguren la rentabilidad de una profesión clave en la lucha contra la despoblación.

Según los números que manejan varias fuentes del sector, el beneficio de una explotación porcina se asegura a partir de los 2.000-2.500 animales. En la actualidad, en la provincia la media se sitúa en 1.140 pese a que crece en los últimos años. Ferreres indicó que, pese a que es obvio que hay que mejorar en este aspecto, en las estadísticas oficiales aparecen explotaciones de personas jubiladas que las mantienen pero sin necesidad de que den beneficios.

La inversión para crear granjas y ampliar las existentes va muy ligada también al interés de los más jóvenes. No obstante, crear una explotación desde cero implica gastar varios cientos de miles de euros a los que no todos pueden acceder, por lo que las asociaciones agrarias exigen ayudas.