Paga muchos impuestos? Seguro que si saliéramos hoy a la calle y lanzáramos esa pregunta, la respuesta mayoritaria sería un sí rotundo. Las administraciones (todas) no han dejado ni un tributo por exprimir y entre impuestos estatales, autonómicos y locales, cada ciudadano de Castellón destinada cada año una media de 2.800 euros a engrosar la caja fiscal. Familias y empresas tienen más que asumido que una parte de sus ganancias va a parar a Hacienda, pero eso no quiere decir que estén de acuerdo con lo que les toca pagar. Todo lo contrario. Muchas optan por dar la batalla hasta el punto de que cada día se presentan diez reclamaciones por el pago de impuestos.
El Tribunal Económico-Administrativo de la Comunitat Valenciana, un órgano que depende del Ministerio de Hacienda, recibió en el último año 3.746 reclamaciones procedentes de Castellón, según datos del departamento que dirige María Jesús Montero. O lo que es lo mismo: una media de 10,2 cada día. Y aunque la estadística muestra que las quejas han ido ligeramente a la baja (en el 2017, por ejemplo, se llegaron a contabilizar 4.589), siguen siendo muy superiores a la de los años previos a la crisis económica, cuando se registró una media de 2.500 demandas. En el conjunto de la Comunitat fueron 32.312 durante el último año (18.563 en Valencia y otras 10.010 en Alicante).
Los contribuyentes protestan por el dinero que les toca pagar, y el impuesto que se lleva la palma es el IRPF. De hecho, el 28% de las reclamaciones en Castellón tienen que ver con un tributo que es el más relevante del sistema fiscal y que grava principalmente las rentas salariales. «El IRPF es, a mucha distancia, el tributo que acapara buena parte de los casos ingresados y la mayoría de los que reclaman son contribuyentes particulares, pero también profesionales por cuenta propia que están en desacuerdo con la liquidación», asegura Luis Chinchilla, asesor fiscal de Castelló y presidente de la Asociación profesional de la Comunitat.
Pese a que su nombre es Tribunal Económico-Administrativo, no es un órgano jurisdiccional y, por lo tanto, no depende del poder judicial. Para interponer una reclamación no es necesario un abogado ni un procurador. «Es un recurso previo al contencioso-adminstrativo, es gratuito y pueden acudir tanto personas físicas como jurídicas», describe Chinchilla, quien añade que buena parte de los que reclaman lo hacen a través de un asesor fiscal.
DEMANDAS JUSTIFICADAS // Pese a que se trata de un órgano que depende directamente del Ministerio de Hacienda, y en un principio podría pensarse que barre para casa, las estadísticas apuntan a que este tribunal da la razón al contribuyente en la mayoría de los casos. «En más de la mitad de los casos falla a favor de quien presenta la reclamación y eso es un dato muy a tener en cuenta», dice el presidente de los asesores fiscales de la Comunitat.
El IRPF concentra buena parte de las quejas de familias y empresas, pero en Castellón también se protesta por los impuestos especiales, entre los que se incluye los tributos a la electricidad, el tabaco o a los hidrocarburos. De hecho, el encarecimiento del precio de la luz y de los combustibles llevó a 919 contribuyentes a reclamar ante el tribunal económico y mostrar su disconformidad con los impuestos a pagar.
El impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados (ITP-AJD), un tributo cedido a las comunidades autónomas y que, por ejemplo, grava la compra de un coche o vivienda de segunda mano y también el alquiler; la ampliación o reducción de capital en una empresas o la escritura pública de compraventa de una vivienda o la escritura de formalización de una hipoteca, también es foco de conflictos. Durante el último año, este tribunal recibió 633 quejas por este impuesto, el 17% del total. Por sucesiones (grava las herencias), se tramitaron un total de 104 reclamaciones.
