Todos los fiscales de la provincia podrán, a partir del próximo mes de julio, consultar los expedientes judiciales de sus casos a través de un ordenador con control remoto. Una medida tecnológica pensada para que puedan trabajar desde casa, durante estancias en congresos o cursos y también desde las propias salas de vistas.

Esta fue una de las reivindicaciones que el fiscal jefe de Castellón, José Luis Cuesta, trasladó a la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, durante la última comisión mixta, a la que estaban llamados los fiscales jefe de las tres provincias, así como también el fiscal superior de la Comunitat.

Como avanzó Mediterráneo días antes de la reunión, Cuesta reclamó a Bravo más medios materiales y humanos para el Ministerio Público. Entre sus principales demandas estaba la de dotar todos los ordenadores portátiles de la Fiscalía de acceso a los programas y aplicaciones judiciales, así como también a la documentación de los juzgados de lo Penal y de la Audiencia Provincial.

Se trata de un avance tecnológico que ya tienen implantado, de forma piloto, cuatro fiscales de Castellón y el decano de Vinaròs y con el que toda la plantilla provincial quería contar.

Desde la Conselleria han atendido esta petición y confirman a este diario que «antes del 15 de julio» llegarán 29 nuevos ordenadores portátiles para que todos los fiscales de Castellón puedan trabajar de forma más ágil y economizando su tiempo.

DEMANDAS PENDIENTES / Esta es una de las numerosas demandas de carácter digital elevadas a la Conselleria y al Ministerio por parte de fiscales, jueces, abogados y procuradores castellonenses. Por una parte, el Ministerio Público viene realizando la reclamación histórica de un expediente judicial electrónico común para uso de los jueces y fiscales. Los magistrados trabajan hoy en día con el programa Cicerone y los representantes del Estado, con Fortuny. Son dos plataformas que presentan incompatibilidades.

Por otra parte, pendiente queda la sustitución de la versión 19 del Cicerone que tantos problemas ha planteado desde su puesta en marcha en febrero del 2017 para la tramitación telemática de documentación al juzgado. Se implantó de forma experimental en Castellón y su instalación se canceló en Valencia y Alicante vistas las múltiples incidencias.

Bravo se comprometió en noviembre a cambiar de programa y a estudiar la implantación de la plataforma utilizada en Navarra. Sin embargo, siete meses después los juzgados de Castellón siguen con el mismo sistema digital fallido y aceptando aún el papel.