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EL ENTE JUDICIAL DICE QUE NO TIENE COMPETENCIAS

La Fiscalía insta a los enfermeros a ir al juzgado si no quieren vacunar

El colectivo sanitario se enfrenta a un limbo legal a pocos días de la campaña antigripal. Aseguran que no ‘pincharán’ el fármaco si no tienen la receta del médico primero

 

La campaña de vacunación contra la gripe arranca el próximo lunes 23 en la provincia de Castellón. - MEDITERRÁNEO

CRISTINA GARCIA cgarcia@epmediterraneo.com CASTELLÓN
19/10/2017

La Fiscalía de Castellón insta al Colegio Oficial de Enfermeros de la provincia (COECS) a acudir a la vía contencioso administrativa si quieren impugnar la resolución de la Conselleria de Sanidad en materia de prescripción de vacunas, que les obliga a administrar el medicamento pese a no existir una receta previa del médico.

Y lo hace después de que el colectivo, preocupado por el inminente inicio de la campaña de vacunación de la gripe, el próximo lunes 23 de octubre, criticara ayer no haber recibido contestación de la Fiscalía al escrito emitido el pasado 27 de octubre en el que pedía que «se incoaran diligencias de investigación para asegurar el cumplimiento de la legalidad vigente en materia de prescripción enfermera y evitar posibles coacciones a los profesionales en la campaña».

Fuentes de la Fiscalía apuntaron que, pese al escrito del colectivo de enfermeros pidiendo que interpretara la prescripción enfermera, «no es de su competencia hacerlo». «No depende de la Fiscalía, que no tiene atribuciones en esta área», señalan. «Una vez se inicie esta vía judicial, la Fiscalía podrá decir si hay alguna falta en la forma o en el fondo del asunto», apostillaron.

El órgano colegial señaló ayer que hasta la llegada de la respuesta del fiscal --que ayer aún no tenían, pero desde la Fiscalía dicen que ya han enviado--, se ha aconsejado a los enfermeros de la provincia de Castellón, que, para evitar problemas jurídicos profesionales, no administrar ninguna vacuna sin previa prescripción de un médico colegiado, según detalla el Tribunal de Justicia del País Vasco en la sentencia del pasado 3 de julio del 2017. Y el Colegio aconseja que «ante posibles coacciones a los profesionales de la Sanidad se ponga en conocimiento del ente para emprender las acciones legales».