El hecho de que en los Presupuestos Generales del Estado no se consignara ni un solo euro a los tres tramos que culminarían con la ampliación de la A-7 --CV-10 en la mayor parte de la provincia-- hasta Cataluña confirmaba que esta actuación no es prioritaria para el Gobierno central.

Una percepción que ahora se ve reforzada tras una respuesta del Ministerio de Fomento al diputado del PP Miguel Barrachina, que no solo pone en duda que sea el momento de llevar a cabo este proyecto, sino su propia conveniencia.

El subsecretario de Fomento, Jesús Manuel Gómez, fue el encargado de responder al presidente del PPCS, que preguntó si el proyecto seguía en pie y cuándo se iba a licitar. Gómez indica que «hay que tener en consideración» la liberalización de la AP-7 en el 2020, al tratarse de una carretera que discurre «paralela».

Y es que «este nuevo escenario va a suponer, con toda seguridad, una transferencia de los tráficos» de la A-7 a la a AP-7, «lo que hará necesario replantear las necesidades recogidas hasta ahora en los proyectos en redacción». Se refiere a los tres tramos concretos que comprenden la ampliación del vial: de Vilanova d’Alcolea a les Coves de Vinromà (13,6 kilómetros), de les Coves de Vinromà a la Salzadella (14 km.) y de la Salzadella a la Jana (18,3 km.).

estudios // Asimismo, el subsecretario de Fomento anuncia que se va a proceder a iniciar en breve la elaboración de dos estudios previos «para analizar la redistribución de la demanda de tráfico en el corredor de la AP-7» en los tramos Tarragona-València y València-Alicante, «y en función de los resultados obtenidos establecer las nuevas necesidades y priorización de actuaciones».

Así, pese a que anuncian que está previsto continuar con la redacción de los tres tramos, adelantan que tendrán presente «el alcance de las actuaciones a realizar» por la liberalización.