El Consell no aplicará el permiso retribuido recuperable en los funcionarios, tal y como confirmó ayer la consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo. La decisión supone una «disciminación» para los funcionarios de servicios no esenciales: «Se genera una desigualdad y discriminación en la aplicación de la normativa cuando hablamos de empleados laborales y públicos», aseguró Bravo.
La consellera pretendía que aquellos funcionarios y funcionarias de la Generalitat valenciana que no estaban realizando tareas o su carga de trabajo había disminuido al estar parados los procedimientos tuviesen la opción, después de finalizar el estado de alarma, de recuperar horas con el objetivo de ayudar a que el colapso que se va a producir en la administración sea más asumible.
Como contextualización, Bravo puso de ejemplo la situación que viven los funcionarios de Justicia, pues apenas un 10% sigue acudiendo a su puesto de trabajo: «Cuando pongamos en marcha la vuelta a la normalidad vamos a tener que pagar primero por el trabajo no hecho y, segundo, por el trabajo que tendremos que recuperar», señaló la consellera.
No en vano, en el ámbito judicial se construye un panorama «preocupante», declaró Gabriela Bravo, porque «nos encontramos pagando a funcionarios de refuerzo de órganos judiciales o jurisdicciones cuyos procedimientos están paralizados y no están desarollando en su totalidad la actividad laboral», concluyó.
