Los ganaderos castellonenses de sectores como el porcino o el aviar, estratégicos para la economía del interior provincial, en riesgo de despoblamiento, denuncian un bloqueo burocrático --centrado en el informe de impacto ambiental que debe hacer la Conselleria-- que impide en la práctica la apertura o ampliación de las instalaciones, con esperas incluso de más de cuatro años.
El clamor llega a través de la Unió de Llauradors i Ramaders, que ya ha trasladado en repetidas ocasiones el problema al departamento autonómico de Agricultura y Medio Ambiente. Su secretario general, Ramón Mampel, muestra la preocupación porque este freno a la actividad económica ocurre en un territorio que está en riesgo de despoblación, de modo que «hay jóvenes que heredan la granja, pero tienen que ampliarla para poder ganar suficiente y quedarse en el pueblo, y la situación que hay desanima hasta para intentarlo». De hecho, solo los sectores aviar y porcino tienen un impacto económico de alrededor de 215 millones de euros anuales en la provincia.
El responsable de Ingeniería de la Unió, Carlos Parrado, explica que el escollo, donde se bloquean los expedientes, bien de apertura, ampliación, e incluso de regularización administrativa de granjas que están en funcionamiento (hay ejemplos incluso desde el 2012), está generado por lo exigente de la normativa en la Comunitat Valenciana a la hora de requerir el informe de impacto ambiental, que tarda hasta cuatro años en conseguirse.
Parrado indica que en comunidades como Cataluña, Castilla la Mancha y Aragón fijan la necesidad de contar con el visto bueno ambiental, por ejemplo, en porcino, a partir de una capacidad de 2.000 plazas de cerdos, mientras que en Castellón, Valencia y Alicante, es imprescindible para instalaciones de solo 400 plazas.
Ante esa situación, que Parrado califica como «insostenible» porque las grandes empresas integradoras, con las que trabajan los granjeros castellonenses «no van a querer venir aquí porque en las otras comunidades tienen las cosas mucho más fáciles».
El representante de estos sectores de ganadería intensiva relata que llevan «meses» tratando de que la Conselleria tome cartas en el asunto y adopte medidas para resolver un problema que incide en la línea de flotación de lo que supone las principales rentas en muchos municipios de zonas económicamente deprimidas en las que cada vez es más difícil que sus habitantes permanezcan.
