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POLÉMICA EN EL AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ

Garrido afirma que hay gente que cobra por ayudar a 'okupar' pisos

Cs dice que la edila de Vivienda reconoce que hay mafias y esta lo niega rotundamente. El consistorio ya ha recuperado dos viviendas sociales municipales vacías

 

María Jesús Garrido --dcha.-- en el desahucio que tuvo lugar en el Ortega Playa, el pasado mes de agosto. - MEDITERRÁNEO

PALOMA AGUILAR paguilarroyo@epmediterraneo.com CASTELLÓN
04/02/2020

La concejala de Vivienda del Ayuntamiento de Castelló, María Jesús Garrido, afirmó ayer que hay «personas que hacen de intermediarios y cobran a familias vulnerables sin vivienda para ayudarles a okupar pisos vacíos de la ciudad, fuera del ámbito de las viviendas sociales», según les han «trasladado diversos colectivos sociales y afectados». Garrido hizo estas declaraciones después de que Ciudadanos explicara que la edila había reconocido en una respuesta de comisión «que las mafias llevan tiempo okupando viviendas y que no había pedido a la policía que actuara». La concejala del partido naranja Paula Archelós, quien afeó a Garrido «que justifique la existencia de las mafias que ayudan a colectivos de exclusión social a acceder a los pisos», acusó a Garrido de «no trabajar por regularizar la vivienda social para que las familias que realmente lo necesiten puedan acceder de forma regular sin tener que pagar a las mafias por ellos». Archelós calificó esta situación de «emergencia social» y exigió ponerla en conocimiento de la Policía Local a través del área de Seguridad Ciudadana del consistorio.

Por su parte, Garrido dijo, con respecto a «las okupaciones irregulares que se dan en pisos vacíos privados, aunque la concejalía no tiene competencias», que confía en el desarrollo de la nueva legislación anunciada por el Consell y el Gobierno para movilizar pisos de grandes propietarios que están vacíos y contener la especulación con los pisos de alquiler.

En cuanto a la respuesta formulada por la Oficina de la Vivienda a Ciudadanos con respecto a la pregunta formulada sobre las «mafias», esta recoge que desde hace años la PAH --de la que Garrido era presidenta antes de ocupar el cargo de concejala-- «era conocedora de la falta de viviendas, circunstancia que ha generado que determinadas personas se especializaran en estos menesteres, cobrando un dinero a vecinos con necesidades habitacionales, a cambio de permitirles el acceso a viviendas desocupadas». En este texto remitido a Cs, también que recoge que el «problema de la ocupación ilegal no afecta única y exclusivamente a las casas municipales, es una cuestión que atañe de manera generalizada al parque de viviendas que no están ocupadas o vacías».

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