La concejala de Vivienda, María Jesús Garrido, reiteró ayer la existencia de «situaciones rocambolescas» en pisos sociales de Castelló, de ahí la necesidad de tener que desalojar de los mismos a quien esté en ellos sin tener derecho, tal y como publicó ayer este diario. Según señaló Garrido, «hay una familia que reside en una vivienda y que tiene las llaves de un piso social en el cajón. Hay otra que vive en Zaragoza y solo utiliza este tipo de casa en verano y en la Magdalena».

Como detalló la edila, el consistorio iniciará la regularización de 58 de las 227 residencias, lo que comportará la realización de contratos en algunos casos, estudiándose como posible criterio el arraigo o la subrogación de antiguos titulares con los herederos. También se analizará la recuperación de viviendas no regularizadas y en las que se constate que los ocupantes no cumplen con unos requisitos mínimos.

Garrido aseguró que está «radicalmente en contra de que la gente pierda su derecho al techo, pero los abusos no son justos cuando hay personas necesitadas». Antes de entrar como concejala en el Ayuntamiento de Castelló, la responsable del área fue miembro de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). La representante municipal hizo estas declaraciones durante la presentación de las Jornades Construint i Alimentant Alternatives con el fin de potenciar iniciativas relacionadas con la sostenibilidad.